22 áreas protegidas del país registran asentamientos ilegales
Por: Los Tiempos
Junio 2019
Fotografia: ABI

Los asentamientos humanos ilegales ya no est√°n √ļnicamente en tierras bajas, sino en todo el pa√≠s. En los √ļltimos 10 a√Īos han avanzado a las 22 √°reas protegidas del pa√≠s y, en algunos casos, con aval del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Seg√ļn la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Ind√≠genas, Originarios, Campesinos y √Āreas Protegidas (Contiocap), estos asentamientos est√°n, en mayor medida, en √°reas protegidas o reservas forestales de dominio departamental y municipal.

La resolución del II Congreso de la Contiocap, realizado la pasada semana en Santa Cruz, manifiesta su rechazo al avasallamiento, loteo y asentamientos por parte de sindicatos de colonizadores "que claramente no son sectores sin tierra, y con el aval del INRA están perpetrando una invasión ilegal a territorios ancestrales y áreas protegidas".

Alex Villca, vocero de la Contiocap, sostiene que a algunas comunidades colonizadoras llegan a nombre del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, o del presidente, Evo Morales, y que esto ocurre en todas partes de Bolivia. "Yo creo que en la totalidad de las áreas protegidas, en las 22 áreas de jerarquía nacional", dijo, a tiempo de mencionar que si áreas como el Tipnis, Tariquía, Pilón Lajas, Madidi, Amboró y el Parque Nacional Carrasco son avasalladas, "habría que imaginar lo que está pasando en áreas que tienen una jerarquía inferior".

Los asentamientos humanos han generado un importante conflicto en los municipios de la Chiquitanía, en Santa Cruz. Particularmente, la intención de comunidades interculturales de ocupar la totalidad de la superficie de la reserva municipal El Copaibo (347.037 hectáreas), en Concepción, derivó en una batalla judicial contra las autoridades de este municipio.

En mayo de 2018, el concejal Faustino Lima (MAS) presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pidiendo la inconstitucionalidad de la ley municipal que declara área protegida a El Copaibo. El memorial argumenta que dicha ley no cumplió con el requisito de realizar la consulta previa a los pobladores que ocupan ese territorio.

Sin embargo, el presidente del Comit√© C√≠vico del municipio de Concepci√≥n, Jos√© Serrate, asegura que la √ļnica intenci√≥n es repartir tierras a colonos.

 

DATOS

Ley beneficia a vivientes de la zona. El artículo 43 de la Ley INRA establece que la dotación de tierras fiscales será con preferencia para los pobladores que habitan la zona.

Conflicto por tierras en la Chiquitan√≠a contin√ļa. Autoridades municipales y c√≠vicas de la Chiquitan√≠a se reunir√°n el viernes para analizar medidas a tomar.

18 comunidades ocupan parte de reserva. Las comunidades interculturales están asentadas en la reserva municipal El Copaibo, en Concepción, en una superficie de al menos 27 mil hectáreas. Con una acción de inconstitucionalidad, pretenden abarcar más terreno.

 

DENUNCIAN QUE EL INRA INCUMPLI√ď ACUERDO

El presidente del Comit√© C√≠vico del Bloque Chiquitano, Jos√© Serrate, inform√≥ que en abril las autoridades municipales y c√≠vicas de los municipios de la Chiquitan√≠a acordaron el compromiso del INRA de suspender la emisi√≥n de resoluciones de asentamientos a nuevas comunidades en esta zona, mientras contin√ļen las mesas de trabajo en las que se busca una soluci√≥n al conflicto generado por una supuesta dotaci√≥n discriminatoria de tierras.

Sin embargo, Serrate afirma que el INRA incumpli√≥ el acuerdo y que, a la fecha, contin√ļa emitiendo resoluciones de asentamiento a comunidades interculturales afines al MAS.

Serrate indic√≥ tambi√©n que, durante el Gobierno del presidente Evo Morales, han llegado al menos 1.800 comunidades del interior del pa√≠s a municipios de la Chiquitan√≠a como San Ignacio, San Jos√©, Concepci√≥n, San Rafael, San Miguel, entre otros, da√Īando el ecosistema de √©stas √°reas.

 

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