80% de construcciones en La Paz no cumple requisitos
Por: El Diario
Febrero 2017
Fotografia: El Diario

Al menos, el 80% de las construcciones en la ciudad de La Paz estaría fuera de norma, la urbanización Verde Olivo no es la excepción, según el concejal Isaac Fernández, secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial, las acciones de fiscalización municipal no son suficientes.

La autoridad edil señaló que la legalidad sobre el derecho propietario de inmuebles es la mayor dificultad, inclusive trámites de sucesiones hereditarias que demoran décadas impiden ordenar la legalidad de un importante porcentaje de construcciones.

En relación con la urbanización Verde Olivo, Fernández aseguró que la comuna hubiera seguido un proceso técnico administrativo que evidenciaría deficiencias en la documentación, al no contar con los requisitos pertinentes la Policía Boliviana debiera asumir la responsabilidad por lo ocurrido.

"Esto pasa por la irresponsabilidad de quienes construyen sin tener autorización. Una institución tan importante como la Policía Boliviana no cumple la normativa del gobierno municipal", declaró el concejal Fernández, luego de señalar que la afectación con el deslizamiento de Huani Huanuni no se reduce a una casa, sino a bloques que involucran la vida de varias familias.

Señaló que la Comisión de la cual es miembro solicitará al Secretaría Municipal de Gestión de Riesgos los informes respectivos acerca de los aspectos geológicos, así como a la Dirección de Administración Territorial, a fin de saber en qué estado se encuentra el trámite referido a la aprobación de su planimetría.

Una de las mayores complicaciones tiene que ver con la legalidad, sobre la propiedad de los predios, que en la mayoría de los casos no tiene planos aprobados y otros relativos a la cesión de terrenos en favor de la Alcaldía para el equipamiento, refirió en el caso concreto de proyectos de vivienda de la Policía Boliviana.

POLÍTICAS PREVENTIVAS

Por su parte, el conejal de oposición, Jorge Silva, señaló que gran parte de las construcciones no cuentan con planos de construcción, no están emplazadas dentro de una planimetría.

La autoridad edil refirió que estudios geológicos revelan que más del 36% de áreas construidas en la ciudad de La Paz se encuentran en zonas de riesgo, al igual que el área paralela a Huanu Huanuni. "Esa señal debiera ser suficiente para que la Alcaldía realice obras de prevención", afirmó.

Silva dijo que a pesar de un deslizamiento anterior en la misma zona habría puesto en evidencia la falta de acciones preventivas por parte de la Alcaldía. Recordó el dramático deslizamiento ocurrido en Callapa, febrero de 2011, atribuyendo tal hecho también a la falta de inversión en la estabilización de suelos.

"Se cae Callapa e invierten cerca de Bs 200 mil para recuperar la zona afectada, lo propio ocurrió con Huanu Huanuni, cuando los trabajos deben hacerse antes de tener estos resultados. Desde el momento en que el ciudadano paga sus impuestos debe recibir atención municipal. Son ciudadanos que están cumpliendo con su obligación de pagar sus impuestos", señaló.

Sostuvo que la urbanización Verde Olivio, debe solicitar su incorporación dentro del polígono de intervención en Huanu Huanuni. "En el aspecto legal existen los suficientes elementos y posibilidades para subsanar esas deficiencias para poder acceder a obras de atención por parte de la Alcaldía".

En criterio de Silva, la comuna no tendría políticas de acciones de prevención, sino de reacción de emergencia. "Esos millones que se gastan en emergencias deberían invertirse en obras de asentamiento de suelos", afirmó.

IMPUESTOS

Por su parte, Danilsa Saravia y Virginia Rodríguez, afectadas de los bloques 3 y 17 de la urbanización Verde Olivio, señalaron que los adjudicatarios pagan impuestos municipales por inmuebles Bs 1.200 anuales por cada departamento, generando un total de Bs 200 mil que no se invierten en obras ni mejoras en el área.

En criterio de los copropietarios, el pago de sus impuestos deben ser reinvertidos en el acondicionamiento de los terrenos y servicios, toda vez que no tendrían atención en aseo urbano, a pesar del descuento en la factura por energía eléctrica, pagarían doble factura en el suministro de agua potable, una global por la urbanización y otra individual, por cada departamento.

Señalaron que los costos generados por la falta de supervisión tanto en las obras como en la legalidad de la edificación deben correr por parte de Covipol y la Alcaldía.

 

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