Rapidez del juicio lo diferencia de otros contra el Gobierno

Gabriela Zapata fue aprehendida el 26 de febrero del 2016, el 17 de marzo   de este año -13 meses después- inició el juicio oral que duró 67 días.   Esta madrugada se dictó sentencia en un proceso que marcó distancia con otros por su celeridad, si se lo compara con  Leopoldo Fernández, Chaparina, Caranavi, La Calancha y otros que no tienen definición.

La justicia emitió su sentencia en un juicio oral que se llevó adelante todas las semanas entre martes a jueves, en turnos de la tarde y mañana. Este horario se cumplió salvo algunas excepciones e imprevistos.

El caso responde al uso de ambientes de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para cometer actos ilícitos de parte de Zapata, quien se presume actuó con la aquiescencia de su amiga Cristina Choque, exjefa de esa unidad y acusada en este caso.   También está acusado Jimmy Morales, exfuncionario de Gestión Social, quien fue acusado por asociación delictuosa y otros al realizar un depósito de 30.000 dólares en la cuenta de Zapata. La audiencia inició en marzo con la lectura de la acusación formal de parte de la comisión de fiscales ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción.

Caso Leopoldo Fernández
Sin embargo, esta celeridad es contraria a otros casos que involucran a autoridades de Gobierno u opositores.  Por ejemplo, Leopoldo Fernández fue detenido el 16 de septiembre de 2008 y  siguiendo los mismos plazos que el caso Zapata, su juicio debió iniciar en octubre del 2009 y su sentencia debió dictarse entre los primeros días del 2010.

Pero la realidad fue distinta, el exprefecto opositor de Pando fue sentenciado a 15 años de prisión en marzo pasado acusado por el delito de “homicidio en autoría mediata”. Esta resolución se emitió   a casi nueve años de que fuera detenido. Fernández, luego de escuchar su condena, dijo que  “es inocultable la injerencia política en este proceso desde el inicio o incluso antes de que ocurran los hechos de Porvenir el 11 de septiembre de 2008”. Incluso dijo que el Gobierno le necesita culpable.

Este proceso estuvo plagado de irregularidades. Incluso  el exministro de la Presidencia  Juan Ramón Quintana dictó una sentencia previa: “Que conviva con los gusanos”, dijo. “Compañeros y compañeras, políticamente lo vamos a llevar al prefecto del departamento de Pando  al último lugar del rincón de la tierra para que cuando se despierte no tenga la oportunidad de volver a escalar  la escalera de su infierno político, porque su infierno político nace desde hoy, 10 de agosto”. Era antes del 10 de agosto de 2008 y esa fue la sentencia del entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana   para el opositor que se había unido a la “media luna” y había puesto en jaque al gobierno de Evo Morales.

Caso Chaparina
El 25 de septiembre de 2011, efectivos de la Policía intervinieron violentamente la marcha indígena que se trasladaba desde Trinidad hacia La Paz en rechazo a la apertura de una carretera por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Al Ministerio Público le costó casi cuatro años iniciar el juicio que arrancó el 9 de abril del 2015. 
Un año después, Rafael Quispe, diputado y exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq),  demandó a la Fiscalía que reactive la investigación por la violenta represión. “Hemos  mostrado documentos, la norma dice que la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) es la responsable, en este caso Sacha Llorenti, quien fue premiado como embajador ante las Naciones Unidas”, reclamó.

Caso La Calancha
En noviembre de 2007, una movilización en Sucre contra la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado  dejó tres personas sin vida por disparos en medio de los disturbios.
En este proceso se  espera una autorización de la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades contra un exministro y exjefes militares, pero el MAS tiene mayoría.  
En marzo del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington admitió la demanda contra el Estado boliviano por retardación injustificada del proceso por las muertes de La Calancha y esta instancia internacional pedirá explicaciones al Estado sobre estos hechos. El argumento de la denuncia en la CIDH es que la Asamblea Legislativa tiene archivada desde 2011 el pedido de juicio de responsabilidades contra el exministro de Gobierno Alfredo Rada y otros. En este caso  no se pronuncian provocando una retardación injustificada.

Caso Caranavi
En mayo del 2010, dos personas fallecieron cuando la Policía desbloqueó la vía que une este poblado con La Paz. En la actualidad el proceso no halla forma de continuar.

Mario Hernani murió por el impacto de una granada de gas  y Mario Callisaya  por balines disparados por la Policía. A más de siete años de este suceso, tres de los inicialmente acusados: Sacha Llorenti (exministro de Gobierno durante el suceso y actual Embajador de Bolivia ante la ONU); Óscar Nina (Excomandante general de la Policía de ese entonces  y actualmente preso por supuestos nexos con el narcotráfico), y Gustavo Torrico (exviceministro de Régimen Interior  y actual asambleísta departamental de La Paz por el MAS), fueron excluidos del caso y tan sólo cuatro policías de bajo rango fueron imputados.

La protesta surgió porque comunarios de esta región protagonizaron un bloqueo de caminos en demanda del cumplimiento de la promesa electoral que Evo Morales había hecho para la construcción de una fábrica de procesamiento de cítricos.