Senado destituye a Chánez y envía el proceso a la Fiscalía

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DOS ASAMBLEÍSTAS OFICIALISTAS RECHAZARON LA SENTENCIA POR SER “INJUSTA”

La exmagistrada del TCP fue acusada, junto a sus colegas Ligia Velásquez y Gualberto Cusi, de prevaricato y otros delitos por suspender la Ley del Notariado.

El tribunal de sentencia (Senado), conformado por senadores del MAS, destituyó ayer de su cargo a la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y remitió el proceso al Ministerio Público.
“El Senado, en virtud de la jurisdicción y lo establecido en los artículos 23 y 45 de la Ley 044, dicta sentencia sancionatoria contra Soraida Chánez”, indica la resolución del juicio de responsabilidades por la suspensión de la Ley del Notariado.
La sanción establece que la autoridad judicial, elegida por voto popular en 2011, incurrió en “faltas muy graves” por sus actuaciones contrarias a la Constitución y las leyes.
De acuerdo con la sentencia, Chánez “vulneró la presunción de constitucionalidad” y actuó  “ultrapetita” (más allá de lo pedido), pues la acción contra la Ley del Notariado no puso en cuestión  la constitucionalidad de toda la norma.
Asimismo, se argumenta que  la suspensión de la mencionada norma causó mayor inconstitucionalidad y se  violó el Código Procesal Constitucional.
El fallo fue aprobado por dos tercios de los miembros del Tribunal; sin embargo, los senadores Mario Choque y María Eva Vacaflor, ambos del MAS, rechazaron la sentencia por considerarla “injusta” y que se vulneraron derechos fundamentales.
Ambos legisladores  no asistieron a las deliberaciones del Tribunal porque según la defensa de Chánez fueron “excluidos”, lo que podría ser una causal de anulación de la sentencia.
Sin embargo, el Tribunal no quiso pronunciarse sobre esto pese a la consulta del abogado defensor Guido Melgar.
El senador David Sánchez (MAS) confirmó que ambos legisladores no participaron en las últimas deliberaciones del Tribunal,  aunque su colega Fidel Surco dijo que ambos senadores se “autoexcluyeron”.
El 29 de julio, la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra los magistrados del TCP, Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez y les suspendió de sus cargos, acusándolos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y el 4 de diciembre comenzó el juicio en el Senado.
Durante todo el mes,  los acusados denunciaron la vulneración de varios de sus derechos como el debido proceso y la negación de justicia. El Tribunal rechazó todos los incidentes que presentaron y toda la prueba documental y testifical, pero ante las protestas de los magistrados aceptaron que presenten cinco testigos por acusado.
El Senado también tuvo que modificar la Ley del Juicio de Responsabilidades en pleno proceso, debido a las observaciones de organismos como la ONU para que la máxima sentencia sea la destitución del cargo y el proceso sea enviado a la Fiscalía.

El Senado decidió apartar  a Cusi por su delicado estado de salud y la magistrada Velásquez renunció a su cargo, por lo cual salió del juicio; Chánez terminó  sola en el proceso.

La revelación del estado de salud
Durante el desarrollo del juicio, el ministro de Salud Juan Carlos Calvimontes reveló la enfermedad incurable del magistrado suspendido, Gualberto Cusi, pese a que  en varias oportunidades su defensa solicitó al tribunal de sentencia (Senado) la reserva y confidencialidad del caso.
Calvimontes,  vulneró la Ley 3729 al revelar  la enfermedad que padece el magistrado; no obstante, la norma  establece la estricta confidencialidad sobre la enfermedad. 
Por estas causales Cusi solicitó la restitución a su cargo, pero el Tribunal rechazó su petición.