TCP: jueces violaron el derecho al debido proceso de Adolfo Ch√°vez
Por: Los Tiempos
Noviembre 2017

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declar√≥ procedente el amparo constitucional a favor del exdirigente de la Cidob, Adolfo Ch√°vez, y determin√≥ que los vocales y el Ministerio P√ļblico conculcaron el derecho al debido proceso al negarle un int√©rprete durante sus declaraciones.

El 15 de diciembre de 2015, Chávez recurrió al Tribunal Constitucional, después que la Sala Penal Tercera mediante Resolución 50 del 23 de noviembre de 2015, le denegó la tutela bajo el argumento que para ser asistido por un intérprete era requisito "no comprender el idioma del juzgado o tribunal".

Ch√°vez interpuso una acci√≥n de amparo constitucional, porque el Ministerio P√ļblico, en el marco de las investigaciones del Fondo Ind√≠gena, le tom√≥ declaraciones en idioma castellano, a pesar que solicit√≥ un int√©rprete para que asuma su defensa en su idioma tacana.

"Con todo lo expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que, Zenón Rodríguez Zeballos y Hugo Juan Iquise Saca, vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, vulneraron los derechos de Adolfo Chávez Beyuma al debido proceso en sus  vertientes de fundamentación y motivación; a la tutela judicial efectiva, a la aplicación objetiva de la ley en resguardo de la jerarquía normativa; y, su derecho a ser juzgado en su propio idioma, ameritando en consecuencia, se conceda la tutela".

Aunque la sentencia dice que fue dictada el 23 de marzo de 2016, reci√©n habr√≠a sido colgada en la p√°gina web del Tribunal Constitucional y los demandantes no fueron notificados, seg√ļn el abogado de Ch√°vez, Otto Ritter.

Abandon√≥ el pa√≠s alegando "persecuci√≥n pol√≠tica", porque las indagaciones sobre el Fondo Ind√≠gena no eran imparciales sino que el Gobierno a trav√©s del Ministerio P√ļblico iba a asumir acciones en especial contra los dirigentes cr√≠ticos a la administraci√≥n gubernamental.

Chávez es investigado por el manejo de los recursos del Fondo Indígena, por este caso varios exdirigentes como Damián Condori, Félix Becerra entre otros guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro en La Paz.

Tambi√©n fueron detenidas Julia Ramos, Melva Hurtado y mucho despu√©s la exministra Nemesia Achacollo, las dos √ļltimas obtuvieron recientemente su libertad.

El exidirigente tacana hab√≠a interpuesto ante el Juez Primero de Instrucci√≥n en lo Penal un incidente de actividad procesal defectuosa, denunciando la vulneraci√≥n de su derecho a ser interrogado por el Ministerio P√ļblico en su idioma nativo, la autoridad jurisdiccional determin√≥ la anulaci√≥n de lo obrado.

Sin embargo, el fiscal de materia planteó un recurso de apelación que fue conocido por la Sala Penal Tercera instancia que mediante Auto de Vista del 26 de octubre de 2015 "revocó el fallo del inferior (juez Primer de Instrucción) y dispuso la continuación de las actuaciones fiscales y policiales en castellano".

"Por lo que, la declaraci√≥n informativa prestada por el ahora accionante ante el Ministerio P√ļblico el 3 de septiembre de 2015, en idioma castellano y en ausencia de traductor o int√©rprete, vulner√≥ el derecho a ser juzgado en su idioma y/o a ser asistido", dice la sentencia.

"En este contexto, correspondía a los demandados, proteger y garantizar el ejercicio de un derecho constitucional en lugar de pronunciarse respecto al resguardo de un principio rector de la administración de justicia...".

En la sentencia se puede leer que el Ministerio P√ļblico, el Viceministerio de Transparencia y la Procuradur√≠a General del Estado a la cabeza de H√©ctor Arce argumentan que Ch√°vez habla con claridad el castellano, adem√°s que la Norma Superior dice que la persona ser√° "juzgada en su idioma" y que en el caso de Ch√°vez no se lesion√≥ sus derechos porque el juicio a√ļn no empez√≥ y estaba en etapa preparatoria.

Pero el TCP también dispone que el Auto de Vista no puede ser anulado y tampoco se puede "retrotraer" el proceso y más bien recomienda que las autoridades en futuras actuaciones debe garantizar plenamente los derechos al debido proceso y fundamentalmente a la defensa de Chávez.

 

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