Elecciones judiciales en Bolivia: segundo intento
Por: Luis P谩sara / P谩gina Siete
Julio 2017

Ning煤n otro pa铆s del mundo elige mediante voto popular a las c煤pulas del sistema de administraci贸n de justicia. En octubre de 2011 Bolivia lo hizo por primera vez. 聽
Pese a una alta participaci贸n electoral de casi ochenta por ciento del padr贸n ciudadano, de cada cinco votos emitidos, tres fueron blancos o nulos y s贸lo dos respaldaron alguna candidatura. Como resultado, ning煤n candidato obtuvo una votaci贸n mayor al 10% de los electores y la mayor铆a de quienes fueron elegidos como autoridades judiciales alcanzaron alrededor de 6% de los votos.
Con este antecedente y m煤ltiples cr铆ticas sobre este sistema de designaci贸n de las altas cortes -Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental-, en 2017 debe realizarse una nueva elecci贸n de autoridades judiciales mediante sufragio popular. Las interrogantes planteadas corresponden a en qu茅 medida esta experiencia ser谩 distinta de la anterior.
Algunos cambios han sido introducidos en el marco normativo de la elecci贸n. Pero, convocado a fines de abril el proceso electoral de este a帽o, ya ha sufrido un tropiezo. Una vez inscritos 489 postulantes en mayo, casi una tercera parte fueron inhabilitados a mediados de junio debido a que no reun铆an los requisitos exigidos. Entre los 325 habilitados se comprob贸 que, en los casos del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, el n煤mero de postulantes mujeres, as铆 como el de ind铆genas, era insuficiente para cumplir con la exigencia legal de un m铆nimo de candidatos de una y otra categor铆a, que en el caso de las mujeres deb铆an ser la mitad de candidatos para cada cargo. El cuadro muestra la situaci贸n planteada por postulaciones y habilitaciones.
Ante esta situaci贸n, la Asamblea Legislativa decidi贸 a mediados de junio suspender las elecciones judiciales previstas para el 22 de octubre y convocarlas nuevamente para el 3 de diciembre. Se declar贸 desierta la convocatoria efectuada en lo tocante al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, no obstante lo cual los candidatos habilitados se mantendr谩n en tal condici贸n dentro del proceso. En los otros dos 贸rganos el proceso continuar谩 como estaba previsto originalmente.
La dificultad surgida ha sido enfrentada con un nuevo cambio reglamentario que remite la paridad hombres/mujeres al conjunto de candidaturas en lugar de serlo por cada cargo. Pero, en rigor, el asunto no toca la m茅dula de la elecci贸n. La clave de 茅sta, seg煤n han notado Indacochea y Or铆as, se halla "en la etapa de preselecci贸n de candidatos", tal como se demostr贸 en el proceso llevado a cabo en 2011. Esa etapa est谩 a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que escoge, entre los postulantes habilitados, a quienes ser谩n presentados al elector como candidatos. 驴Hasta ahora, se ha producido alg煤n cambio que anuncie cuando menos la voluntad de que esa escogencia no est茅 pol铆ticamente orientada?
Seleccionar a los mejores
C贸mo seleccionar a los mejores es el desaf铆o de todo proceso de designaci贸n de magistrados, en cualquier nivel y aun con mayor raz贸n cuando se trata de los integrantes de las c煤pulas del sistema de justicia. En esa direcci贸n, antes de que la Asamblea Legislativa aprobara el nuevo reglamento para estas elecciones judiciales, 25 organizaciones de la sociedad civil ofrecieron en abril siete 聽aportes destinados a lograr que el proceso electoral de 2017 fuera sustancialmente mejor que el anterior.
La Asamblea desaprovech贸 la oportunidad de introducir cambios verdaderamente significativos. As铆, entre otros aspectos: 聽 鈥 se mantuvo la generalidad del requisito de "haber desempe帽ado con honestidad y 茅tica, funciones judiciales, profesi贸n de abogado o c谩tedra universitaria", que se da por cumplido con una simple declaraci贸n jurada;聽
鈥 se dej贸 de incorporar un perfil del magistrado en el que resalten rasgos como la integridad y la independencia en su trayectoria, as铆 como un compromiso demostrado con los derechos humanos y los valores democr谩ticos;聽
鈥 se dispuso que para ingresar en la lista final de postulantes seleccionados a ser considerados por la Asamblea baste un 56% de calificaci贸n (36 sobre 70 puntos), lo que evidentemente no se orienta a seleccionar a los mejores;聽
鈥 se persever贸 en reservar para la sociedad civil un rol marginal, al no abrirse canales efectivos que permitan recabar antecedentes de los postulantes y opiniones sobre ellos.
De otro lado, el nuevo reglamento incorpor贸 al sistema de la universidad boliviana en el proceso, mediante el concurso de profesionales acad茅micos en las fases de evaluaci贸n curricular y escrita. 聽 Pese a que no se precis贸 qui茅n se har铆a cargo de calificar las pruebas escritas, esta presencia acad茅mica respondi贸 positivamente a la demanda ciudadana para que el proceso de selecci贸n de candidatos no dependa exclusivamente de una instancia pol铆tica. La introducci贸n de un filtro t茅cnico apareci贸 entonces como una mejora de cierto calado. Adicionalmente, dentro de los cambios reglamentarios se estableci贸 un amplio acceso y la mayor publicidad a todo el proceso.
Hacia una posible reedici贸n
Una modificaci贸n de la Ley de R茅gimen Electoral aprobada para este proceso atiende a una de las cr铆ticas formuladas al proceso de 2011: la falta de conocimiento del electorado acerca de los candidatos. En esa ocasi贸n, la prohibici贸n de acceso de los candidatos a los medios -restringi茅ndolos a breves espacios programados oficialmente- probablemente contribuy贸 al masivo voto en blanco o nulo. El cambio normativo permite entrevistas y declaraciones, bajo la condici贸n de "velar por el principio de igualdad de condiciones respecto a las y los postulantes". En el momento de escribirse esta nota, el Tribunal Supremo Electoral preparaba un reglamento en cuyo contenido y aplicaci贸n, en los meses que vienen, se ver谩n los alcances de la reforma.
No obstante, los cambios del reglamento de preselecci贸n, introducidos a fines de junio -luego de declararse desierta la convocatoria para dos de las m谩ximas instancias de la justicia-, anuncian que se va a una probable reedici贸n de la elecci贸n anterior. En particular, es materia de preocupaci贸n la rebaja introducida en el papel del sistema de la Universidad Boliviana. Los representantes de las universidades pasan de ser ocho a s贸lo cuatro. Su responsabilidad de elaborar las preguntas de la evaluaci贸n escrita, seg煤n la 煤ltima modificaci贸n reglamentaria es compartida con los representantes pol铆ticos que integran la Comisi贸n Mixta de Constituci贸n en la Asamblea Legislativa. Se mantiene en la indefinici贸n de qui茅n es responsabilidad la calificaci贸n de las pruebas rendidas. Finalmente, los representantes del sistema universitario pierden la condici贸n de observadores en la etapa de entrevistas que les otorg贸 el texto reglamentario aprobado en abril.
Estos elementos anuncian que la clave pol铆tica se hace preponderante por encima de cualquier otro criterio, como ya ocurri贸 en el proceso electoral de 2011. No es de sorprender. En Am茅rica Latina se ha podido observar en los procesos de reforma del sistema de justicia que los actores pol铆ticos se resisten a abandonar un rol decisorio en el nombramiento de magistrados; especialmente cuando se trata de las altas cortes. El precio de esta renuencia tambi茅n es conocido: el sistema de justicia carece de legitimidad ante la poblaci贸n, que con buenas razones lo identifica con los poderes establecidos y no puede ver en 茅l la imparcialidad que la tarea de administrar justicia requiere.
Frente a esa realidad, la 煤nica arma disponible es la vigilancia de la sociedad civil. Esta vigilancia se encamina a hacer notar p煤blicamente qu茅 precio deben pagar los pol铆ticos, ante los electores, por lo que hagan. En el caso boliviano, hubo presencia activa y exigencias de la sociedad civil en el proceso de 2011. En el presente, a partir de las lecciones aprendidas, las organizaciones civiles han mejorado su preparaci贸n para seguir atenta y profesionalmente el curso de las elecciones judiciales. Reunidas en torno a la Articulaci贸n Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, 25 organizaciones comparten esfuerzos para monitorear y evaluar lo que est谩 ocurriendo. En parte, de su observaci贸n y sus intervenciones depende que este proceso para elegir nuevas autoridades judiciales no sea una simple reedici贸n del primero.

Comentar
Imprimir
Enviar Articulo

Comentarios sobre el artículo
El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos.
Nombre
E-mail
Comentario
Copie el código de seguridad:
 »» 
SUSCRÍBASE AHORA
Ingreso Suscritos
Lo más leido en:
Bolivia
Actualidad