Periodistas en emergencia por resolución judicial
Por: Erbol / Página Siete
Mayo 2014

según Raúl peñaranda el Juicio a La Razón, es ¿genuino o tramoya?

 

(Erbol).- Los periodistas del diario La Razón se declararon ayer en emergencia ante la resolución del juez décimo primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado, que ordenó al periodista Ricardo Aguilar levantar el secreto de la fuente sobre un reportaje referido a la demanda marítima.

Los periodistas de La Razón nos declaramos en estado de emergencia en contra de la actuación del juez Jhonny Machicado que de manera sumaria y sin escuchar a las partes, ha emitido una resolución en la que dispone el "levantamiento del secreto de fuente", señala el comunicado. La decisión judicial responde al pedido del Procurador del Estado, Héctor Arce, que procesa al diario paceño por presunto delito de espionaje y revelación de secretos.

Agrega que también están en contra de la actuación del fiscal de materia, Facundo Coronel Choque, quien ha solicitado también "el levantamiento del secreto de fuente", sin convocar a las partes involucradas y de forma expedita.

Los acusados de cualquier "delito" tienen derecho a la defensa y los supuestos yerros de los medios de comunicación tienen que procesarse en los jurados de imprenta, como establece la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta. El juez Jhonny Machicado Apaza debió declinar competencia y no lo hizo, de forma cuestionable, subraya.

Por tanto, los periodistas de La Razón estamos en estado de emergencia, denunciamos este proceso oscuro y nos reservamos el derecho de llevar adelante acciones en defensa de la libertad de expresión e información, de la Ley de Imprenta y del secreto profesional en materia de imprenta, indica.


Análisis

Juicio a La Razón, ¿genuino o tramoya?

Raúl Peñaranda U.

(Página Siete).- Es difícil   descifrar la intencionalidad detrás de la decisión del Gobierno de acusar al diario paraestatal La Razón de "espionaje" y de "revelar secretos". La primera reacción obvia es que esa denuncia genera dudas justamente si se considera que, como demuestro en mi libro Control Remoto, ese diario es controlado periodísticamente por el oficialismo.
La otra fuente de dudas es que el artículo por el que se acusa a La Razón de esos graves delitos, titulado "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales", y publicado el 13 de abril por el periodista Ricardo Aguilar, no hace ninguna revelación que sea digna de mencionar. Todo lo dicho ahí era conocido con anterioridad por todos los lectores de diarios, bolivianos y de otros países. El centro de la demanda boliviana, es decir, no buscar la anulación del Tratado de 1904 sino intentar forzar a Chile a que cumpla sus promesas de resolver el tema del mar, había sido dado a conocer un año antes (24 de abril de 2013) al presentarse la demanda ante La Haya y que fue publicado en el sitio web de ese tribunal internacional. Así que la nota de La Razón, al no develar nada especialmente nuevo sobre la estrategia boliviana que no se hubiera explicitado antes, no es pasible de ninguna sanción. Pero hay más: tampoco se puede acusar a alguien de "revelar secretos" cuando los supuestos secretos estaban a punto de ser entregados en forma de memoria dos días después (15 de abril de 2014) a los jueces de La Haya y que éstos se la iban a pasar poco después, siguiendo el protocolo establecido, a las autoridades chilenas. O sea que el Gobierno de Chile no tuvo tiempo, después de supuestamente leer ese artículo de La Razón, de desplegar ninguna estrategia conveniente a sus intereses porque el documento boliviano fue entregado a los jueces 48 horas después. Así que esta acusación del procurador Héctor Arce y del Gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto no se puede descartar que esto no sea más que una tramoya, justamente para evitar que persista el descrédito de La Razón debido a que es un diario que pertenece a la órbita del oficialismo.
La primera acusación contra La Razón sobre este tema la hizo el presidente Evo Morales, el 16 de abril, desde La Haya, seis días después de la presentación de mi libro. Dijo: "estoy entendiendo que no solamente hay un periódico pro chileno (se supone que Página Siete), creo que hay dos periódicos pro chilenos (en referencia a La Razón)".
Pero aún ante tan grave acusación la publicidad gubernamental ha seguido llegando a raudales a La Razón, pese a que, según los criterios de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, debería haberse suspendido. Dávila dijo, en una entrevista a radio ERBOL en enero pasado, que un medio no puede recibir publicidad estatal si no trabaja "de acuerdo a los intereses nacionales". Si La Razón, nada menos, comete "espionaje" y "revela secretos" a un tercer país, entonces está en una situación aún más delicada de la que supuestamente está Página Siete (que tiene prohibida la publicidad gubernamental) y, por tanto, debería suspendérsele toda la publicidad estatal también a ese diario. Ello no ha sucedido.  Desde la denuncia del Presidente han salido en La Razón 48,25 páginas de publicidad estatal, entregadas por siete ministerios además de ANH, BCB, Vicepresidencia, Aduanas y otras entidades. A un promedio de 700 dólares por página, sólo desde la denuncia del Presidente, La Razón ha obtenido de las arcas estatales (dinero de todos los bolivianos) un monto de 33.775 dólares. En ese mismo período, medios como Fides, ERBOL o Página Siete no recibieron ni un solo dólar. Por eso, la estrategia oficialista de iniciar un proceso legal tan serio contra un periódico que pertenece a su órbita, es también muy riesgosa: o le quitan la publicidad y el juicio sigue o se demuestra que la acusación es parte de una tramoya.
Es posible también imaginar que en el oficialismo considerarían viable un cambio en los cargos directivos de La Razón para, de esa manera, intentar recuperar parte del prestigio (y las ventas) perdidas como consecuencia de ser un diario ligado al Gobierno. Pero la alianza entre el oficialismo y ese diario no está en duda.

Desde la denuncia del Presidente han salido en La Razón 48,25 páginas de publicidad estatal, entregadas por siete ministerios.


 

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