Reposición de reservas de gas no es la óptima, según analistas

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El Gobierno afirma que los 10,45 TCF de gas natural alcanzarán hasta 2025, pero los expertos argumentan que Bolivia requiere reservas para unos 20 años.

El nivel de reposición de las reservas de gas natural certificadas por la empresa GLJ  Consultants no es el adecuado para sustentar la demanda del mercado de exportación, opinaron ayer dos expertos en hidrocarburos. 
Sugirieron que el país debe contar al menos con unos 15 trillones de pies cúbicos (TCF), que servirán     para  los próximos  20 años, y no sólo  11 como indicó el Gobierno. 
La empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants certificó que las  reservas probadas de gas natural del país, al 31 de diciembre de 2013, crecieron levemente  de 9,94 TCF, certificados por la estadounidense Ryder Scott en 2009, a    10,45 TCF en cuatro años.
El informe también refleja una reducción en las reservas probables de  3,71 a  3,50 TCF y las posibles  de 6,27 a 4,15 TCF (ver cuadro).

El estudio de la GLJ  señala que  además hubo un incremento  de las reservas de petróleo y condensado de 209,8 millones de barriles  (MMBl) a 211,45 MMBl.
El presidente Evo Morales afirmó que  las reservas certificadas garantizan hasta 2025 los requerimientos del mercado interno, de exportación e incluso para la industrialización.  

El analista Hugo del Granado afirmó que la demanda del energético está en ascenso y se debe contar con un nivel adecuado de reposición de estas reservas.
“El país tiene que estar preparado, la relación reserva-producción debe mantenerse en un nivel racional, es decir, debemos contar con reservas de por lo menos 15 TCF”, explicó.

El experto en hidrocarburos Francesco Zaratti  dijo que  no basta reponer las reservas que se gastan, pues lo que viene en adelante es una exigencia mayor y hay que tener riqueza por lo menos para los siguientes 20 años y no sólo para 11 años, como se anunció. 
“Vamos a necesitar más reservas para cumplir  el contrato de Argentina, debido a que al país vecino le tenemos que entregar más gas, según el contrato. También se debe tomar en cuenta que en 2019 concluye el contrato con Brasil y para volver a renegociar  el país debe garantizar las reservas y con las  que tenemos actualmente no podemos hacerlo”, explicó el analista. 
Si se garantiza más gas  para los siguientes 20 años, también se podrán  firmar nuevos contratos de exportación. “Hay reservas, pero no  hay  las condiciones para poder descubrir más hidrocarburos”, precisó.
El volumen transportado
Según la web de YPFB Transporte, con datos al 22 de julio, el volumen transportado de gas natural al mercado argentino fue de 17,8 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), en tanto que a Brasil se enviaron 32,8 MMmcd; el mercado interno consumió 9,6 MMmcd. En total el volumen demandado llegó a 60,2 MMmcd.

Bolivia tiene un contrato de compraventa con Brasil hasta 2019 para enviar  un volumen máximo de 30,08 MMmcd y otro con Argentina hasta 2026 para abastecer 27,7 MMmcd.

Además está la  demanda de Cuiabá (2,2 MMmcd) y de los diferentes proyectos de industrialización que se impulsan.

Sugieren aprobar nuevos incentivos  para atraer más inversión

Con el fin de atraer más inversión extranjera a la actividad petrolera, en diferentes zonas del país,  el Gobierno debe aprobar una nueva ley sectorial que incluya incentivos para el sector, sugirieron  ayer dos analistas del área.
Según datos  de YPFB, en 2013 la inversión ejecutada, en toda la cadena hidrocarburífera, de las empresas que operan en Bolivia  llegó a 1.835 millones de dólares; de ese monto,  737 millones de dólares corresponden a las empresas privadas. 
La estatal petrolera presupuestó para este año 3.029 millones de dólares. 
“Lo  que tiene que hacer el Gobierno es una ley que  establezca los lineamientos para la política en general que se requiere. Los incentivos que se han aprobado son medidas de muy bajo rango. Entonces, debe ser una norma estructural que dé seguridad jurídica  a largo plazo a las inversiones de empresas privadas”, dijo ayer el experto Hugo del Granado.
Agregó que la norma sobre incentivos que se debía aprobar en 2013, como anunció en aquel entonces el vicepresidente Álvaro García Linera, ya no es oportuna. Se debe apuntar ahora, por ejemplo,  a liberar  pagos impositivos y a  reconocer  las inversiones  en la fase de exploración cuando la búsqueda sea exitosa. En la actualidad, las empresas privadas asumen ese costo.
El analista Francesco Zaratti coincidió en  que la atracción  de  mayores inversiones depende de la aprobación de  normas “más serias” de las que ahora rigen en el sector.   
“Lamentablemente (las empresas) tienen las manos amarradas por la Constitución; muchos de los obstáculos para atraer inversiones en exploración se deben a esas limitaciones. Entonces, es un dilema en el Gobierno, que trata de resolver eso mediante incentivos, pero no  funciona. La  verdad es que, más que incentivos, las compañías privadas requieren normas claras y adecuadas a las inversiones que harán, porque saben que Bolivia no es el único país donde pueden invertir”, explicó Zaratti.
Ambos expertos consideran que  GLJ Petroleum Consultants no es conocida entre las empresas que certifican las reservas en todo el mundo.

 

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