En noviembre del año pasado, el presidente de Bolivia Evo Morales declaró un estado de emergencia en el país. A través del Decreto Supremo n° 2987, se autorizó a todos los niveles gubernamentales la asignación y redistribución de fondos para combatir la intensa sequía que vive el país.

De acuerdo a las declaraciones del gobierno bolivariano, la sequía que sufre es la más grave que se ha visto en el país sudamericano desde 1982. La falta de agua potable afecta seriamente la vida en 5 ciudades del país, entre ellas la capital La Paz. Los informes oficiales indican que las precipitaciones recientes sólo han presentado un volumen equivalente al 10% de las medias históricas.

El Viceministerio de Defensa Social de Bolivia reveló recientemente una serie de datos sobre los efectos de este desastre natural: la sequía afecta directamente a casi 300 mil hectáreas de terrenos agrícolas; y más de 350 mil cabezas de ganado de todo el país están en riesgo de muerte por deshidratación. Si el suministro de agua potable no puede restaurarse, el país podría perder hasta 500 millones de dólares y dejar sin puesto a 133 trabajadores agrícolas.

Desde noviembre del 2016, el gobierno ha solicitado créditos millonarios para proteger a los productores agrícolas de la sequía

Entre las acciones para combatir la sequía, se encuentra la movilización de centenares de unidades militares que recorren la ciudad de La Paz, que realizan reparticiones semanales de 6.5 millones de litros a los afectados. A pesar de esta repartición, los habitantes de la capital han tenido que soportar continuos periodos sin agua, como parte de las acciones gubernamentales para racionar las reservas existentes.

En la investigación realizada por el portal My Press, se revela que la sequía fue declarada oficialmente tras el anuncio de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). A través de este informe se notificó sobre los niveles mínimos de reservas en las presas Incachaca y Hampaturi, que proveen agua a más de 340 mil personas en la capital. Tras instaurar el estado de emergencia, el presidente Morales despidió al responsable de ESPAS por no preveer la sequía. Posteriormente, Evo Morales achacó el fenómeno al cambio climático que actualmente experimenta el planeta.

A pesar de las dificultades de la gente bolivariana, las consecuencias de esta desastre se extienden más allá de las fronteras nacionales. Un estudio realizado por el Instituto de Investigación Climática de Postdam declaró que la sequía en Bolivia podría poner en riesgo a la selva tropical del Amazonas; en parte responsable de atraer precipitaciones a la región. Esto crearía un círculo vicioso en el que la sequía empezaría a hacer desaparecer al Amazonas, cuya desaparición a su vez generaría más sequía, y así sucesivamente.

Aunque la alarma por sequía es relativamente reciente, Bolivia ha experimentado déficits de agua potable constantes desde 2015; y los glaciares andinos, fundamentales para el suministro de agua en la región, empezaron a desaparecer desde hace más de 5 años.