Derechos fundamentales, los más violados

Justicia, salud y educación son tres de los  derechos humanos más vulnerados en el país, según el balance de instituciones que trabajan con el tema.

El secretario de relaciones internacionales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Alipio Valdez, dijo que hay nuevas leyes que apuntan a garantizar esos derechos; pero no existen políticas públicas que las hagan efectivas.

A ese panorama, dijo, se suma el hecho de que en muy raras ocasiones estas normas son respetadas por los ciudadanos y mucho menos por el sector público.

En su evaluación del estado de la justicia en el país, dijo que más allá de ser lenta e inaccesible para los sectores vulnerables, no alcanza a todos por igual y puso como ejemplo que se “hace caso omiso de las violaciones a los derechos humanos cometidas dentro las instituciones represivas del Estado, como son las Fuerzas Armadas y la Policía”.

“Donde se vulneran más los derechos humanos es en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”,  según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya (MAS).

A esto se suma la retardación de justicia, añadió, al sostener que en el país persisten las “violaciones (de derechos) individuales y colectivos”, como es el caso de los indígenas.

Según el activista de la Apdhb, los pueblos indígenas han sufrido en estos últimos tiempos las mayores violaciones de sus derechos por parte del Estado.

Intervenciones como la de Chaparina, donde la Policía reprimió la Octava Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), develan en su criterio esta omisión y retardación de justicia y, según un informe de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, la justicia no es pronta ni oportuna.

En cuanto al derecho a la salud, el representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Raúl Castro, señaló que el sistema de salud nacional no garantiza una atención con calidez y calidad, sobre todo en el área rural.

Un 70 por ciento de los municipios cochabambinos no atiende el seguro de salud para el adulto mayor y “se dan casos donde el paciente es retenido por falta de pago, esto se da con bastante frecuencia”, señaló Castro.

En el campo y la ciudad hay centros de salud que no reúnen las condiciones necesarias para la atención y “no se está mejorando la calidad de la atención en salud”, dijo Valdez.

En el campo de la educación, si bien existen  avances en la eliminación del analfabetismo con políticas públicas gubernamentales como el “Yo sí puedo”,  no se logró incidir en la calidad de la educación, “vemos mucha debilidad”, apuntó Valdez.

Según Castro, la retención de documentos por falta de pago es otra muestra que se limita el pleno ejercicio del derecho a la educación.

Justicia, salud y educación son tres de los  derechos humanos más vulnerados en el país, según el balance de instituciones que trabajan con el tema.

El secretario de relaciones internacionales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Alipio Valdez, dijo que hay nuevas leyes que apuntan a garantizar esos derechos; pero no existen políticas públicas que las hagan efectivas.

A ese panorama, dijo, se suma el hecho de que en muy raras ocasiones estas normas son respetadas por los ciudadanos y mucho menos por el sector público.

En su evaluación del estado de la justicia en el país, dijo que más allá de ser lenta e inaccesible para los sectores vulnerables, no alcanza a todos por igual y puso como ejemplo que se “hace caso omiso de las violaciones a los derechos humanos cometidas dentro las instituciones represivas del Estado, como son las Fuerzas Armadas y la Policía”.

“Donde se vulneran más los derechos humanos es en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”,  según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya (MAS).

A esto se suma la retardación de justicia, añadió, al sostener que en el país persisten las “violaciones (de derechos) individuales y colectivos”, como es el caso de los indígenas.

Según el activista de la Apdhb, los pueblos indígenas han sufrido en estos últimos tiempos las mayores violaciones de sus derechos por parte del Estado.

Intervenciones como la de Chaparina, donde la Policía reprimió la Octava Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), develan en su criterio esta omisión y retardación de justicia y, según un informe de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, la justicia no es pronta ni oportuna.

En cuanto al derecho a la salud, el representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Raúl Castro, señaló que el sistema de salud nacional no garantiza una atención con calidez y calidad, sobre todo en el área rural.

Un 70 por ciento de los municipios cochabambinos no atiende el seguro de salud para el adulto mayor y “se dan casos donde el paciente es retenido por falta de pago, esto se da con bastante frecuencia”, señaló Castro.

En el campo y la ciudad hay centros de salud que no reúnen las condiciones necesarias para la atención y “no se está mejorando la calidad de la atención en salud”, dijo Valdez.

En el campo de la educación, si bien existen  avances en la eliminación del analfabetismo con políticas públicas gubernamentales como el “Yo sí puedo”,  no se logró incidir en la calidad de la educación, “vemos mucha debilidad”, apuntó Valdez.

Según Castro, la retención de documentos por falta de pago es otra muestra que se limita el pleno ejercicio del derecho a la educación.