Defensor del Pueblo exige acciones contra linchamientos

La Paz, 11 jun (EFE).- El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, exigió hoy a las autoridades que actúen de manera “urgente” para evitar nuevos linchamientos, tras conocerse un nuevo caso ocurrido el fin de semana en la región central de Cochabamba.

En un comunicado difundido por su oficina, Villena se refirió en concreto a la muerte de Edson Siñani Huallas, de 35 años, quien sufría de epilepsia y fue linchado el domingo en el pueblo de Sipe Sipe por una turba que lo ahorcó en el larguero de una portería de fútbol tras confundirlo con un ladrón.

“Mientras las instituciones del Estado no asuman la responsabilidad de la prevención y la sanción de estos delitos, los casos van a continuar en una especie de espiral de violencia que tiene la complicidad de las instituciones del Estado y la propia sociedad que los comete, los tolera e incluso los justifica”, dijo.

El funcionario también anunció que instruyó al representante de la Defensoría en Cochabamba, Marcos Cuevas, para que haga seguimiento del suceso y le envíe un informe sobre otros linchamientos ocurridos en ese departamento en 2013 para conocer si la Policía y la Fiscalía lograran hallar y sancionar a los responsables e instigadores.

Los linchamientos de supuestos delincuentes en Bolivia son frecuentes, especialmente en el área rural andina y en la central, y, según han advertido los juristas, muestran que en el país rige una pena de muerte de facto aplicada por muchedumbres violentas.

Las turbas siempre argumentan que aplican la llamada “justicia comunitaria”, reconocida en la Constitución, pero las autoridades bolivianas y organismos internacionales han mostrado su preocupación por esas actuaciones criminales porque el concepto de justicia indígena no establece la pena de muerte.

Villena indicó que existe preocupación por este tipo de casos que, según dijo, se constituyen en una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, pues implica la afectación de derechos como la vida, la salud, el debido proceso, la presunción de inocencia y el no sufrir torturas ni tratos crueles e inhumanos.