Las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija intentan frenar la aplicación de la denominada Ley 319 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, por considerarla confiscatoria y atentatoria a los intereses de las regiones. Para ello, la Gobernación de Santa Cruz presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

"La ley va en contra del referendo de 2004, contra la CPE y, fundamentalmente, en contra del pueblo boliviano, porque al sacarle un 12% a las gobernaciones, municipios y universidades se va contra la educación, salud y obras públicas", denunció el secretario Vladimir Peña.
La Ley de Incentivos destina el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para premiar al incremento de explotación y el éxito en exploración hidrocarburífera, cuando antes ese dinero iba destinado a entidades subnacionales, universidades y al Fondo Indígena.

Por su lado, el asesor de la Gobernación, José Luis Parada, indicó que la ineficiencia de YPFB provoca que el Gobierno eche mano de los recursos de las regiones productoras. "Esperamos que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esta ley y se repongan los recursos del IDH que se están confiscando", precisó.

Según datos del gobierno local, las confiscaciones a la región datan de 2008 y hasta la fecha ascienden a más de $us 260 millones. 
La Ley 319, aprobada en noviembre de 2015, establece un fondo promocional de $us 2.890 millones, a financiar con el 12% de los recursos provenientes del IDH.

Apoyo de Tarija
La Gobernación de Tarija se sumó a su similar de Santa Cruz para interponer un recurso inconstitucional, por considerar que vulnera la autonomía y que no está en condiciones de financiar con el IDH la exploración de gas y petróleo.

El director de Hidrocarburos, Cristian Echart, dijo que esta región no podrá soportar el financiamiento que propone el Gobierno, a través de esa normativa, porque el presupuesto se redujo un 60% por la baja del precio internacional del petróleo. "En tiempo de vacas flacas, Tarija no puede asumir una obligación financiera que no le corresponde y que YPFB debe hacerlo", expresó Echart.

Para el abogado especialista en hidrocarburos e inversiones Iver Von Borries, el tema es complejo, pues se entiende que toda norma o ley se aprueba cumpliendo el proceso legislativo y tiene dos características: es de alcance general, de obligatorio cumplimiento y, además, se presume su legalidad.

"Hasta que no se demuestre su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, esta norma rige. El recurso presentado tiene que ser analizado", dijo.

El Ministerio de Hidrocarburos no se pronunció