EE.UU. retira la protecci√≥n a 200.000 salvadore√Īos y abre la puerta a su deportaci√≥n
Por: El País
Enero 2018
Fotografia: El País

Primero fueron los inmigrantes nicarag√ľenses, despu√©s los haitianos y ahora los salvadore√Īos. El Gobierno de Donald Trump anunci√≥ este lunes el fin del Estatus de Protecci√≥n Temporal (TPS en sus siglas inglesas), un programa especial que evita la deportaci√≥n, para unos 200.000 inmigrantes salvadore√Īos. Es el golpe m√°s severo de la Administraci√≥n del republicano a un colectivo concreto de inmigrantes en Estados Unidos.

Los ciudadanos salvadore√Īos acogidos bajo el TPS tienen 18 meses, hasta septiembre de 2019, para salir de EE UU o conseguir otro permiso de residencia legal para poder quedarse. Si no lo hacen, a partir de entonces, ser√°n considerados inmigrantes indocumentados y podr√°n ser deportados.

El trauma es enorme. Muchos salvadore√Īos llevan a√Īos afincados en EE UU desde que emigraron de su pa√≠s tras la sangrienta guerra civil en los a√Īos ochenta y noventa. Tienen hijos nacidos en EE UU, que, a diferencia de sus padres, poseen la ciudadan√≠a y no pueden ser expulsados. El programa se inici√≥ en 2001 despu√©s de que El Salvador sufriera dos devastadores terremotos.

El TPS se ha convertido en un blanco fácil para la política de mano dura en inmigración de Trump. Los críticos sostienen que se concibió para ofrecer protecciones migratorias temporales y no permanentes. Los defensores alegan que es inseguro para los inmigrantes volver a sus países.

El Departamento de Seguridad Interior debe decidir con frecuencia si renueva o no las protecciones. El TPS, que ahora beneficia a 10 países, se creó en 1990 para conceder visados temporales y permisos de trabajo a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales. El resultado es que inmigrantes que ya están presentes en EE UU no pueden ser deportados a sus países de origen por su inestabilidad.

Las anteriores cancelaciones del TPS afectaron a muchos menos inmigrantes. En noviembre, no se renov√≥ el amparo (tambi√©n con un plazo de 18 meses) a 59.000 haitianos, cuyo programa se inici√≥ tras el terremoto de 2010, y tampoco a 5.300 nicarag√ľenses, protegidos tras el hurac√°n Mitch de 1998. En septiembre, se retir√≥ ese estatus a unos mil inmigrantes sudaneses.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense decidi√≥ posponer, al pr√≥ximo julio, la decisi√≥n sobre la suerte de 86.000 hondure√Īos a la espera de analizar si es seguro que vuelvan a su pa√≠s, sacudido por una ola de violencia. Y mantuvo la protecci√≥n a una cincuentena de inmigrantes de Sud√°n del Sur hasta mediados de 2019.

En el caso de El Salvador, el Departamento de Seguridad Interior utiliz√≥ argumentos muy similares a las cancelaciones para Hait√≠ y Nicaragua. "Las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen", se√Īal√≥ un comunicado del departamento que dirige Kirstjen Nielsen. Subray√≥ que ya no hay una "disrupci√≥n sustancial de las condiciones de vida" en ese pa√≠s y que EE UU ha deportado a inmigrantes salvadore√Īos en los √ļltimos a√Īos (unos 39.000 en los √ļltimos dos), lo que "demuestra que se ha abordado la incapacidad temporal de El Salvador de retornar adecuadamente a sus nacionales despu√©s del terremoto".

Tras el varapalo que supone el fin del TPS, Nielsen replic√≥ la t√°ctica, de pasar la patata caliente al Congreso, empleada por Trump con el programa DACA, que finalizar√° en marzo y, si no se evita, permitir√° la deportaci√≥n de unos 800.000 inmigrantes que llegaron de ni√Īos a EE UU. "Solo el Congreso puede legislar una soluci√≥n permanente que aborde la ausencia de un estatus legal migratorio duradero a aquellos protegidos actualmente por el TPS", se√Īal√≥. "Los 18 meses de retraso de la terminaci√≥n dan tiempo al Congreso para redactar una potencial soluci√≥n legislativa".

Los legisladores, sin embargo, han sido incapaces por ahora de hallar un consenso sobre DACA y parece improbable que, dado el control republicano de las c√°maras, prospere una ambiciosa reforma sobre el TPS.

Seg√ļn el Centro de Estudios Migratorios, un 51% de los salvadore√Īos con TPS han vivido en EE UU durante al menos 20 a√Īos. Un 88% de ellos trabajan y un 10% se han casado con estadounidenses. Una cuarta parte de los salvadore√Īos vive en California y una quinta en los suburbios de la ciudad de Washington.

Organizaciones latinas y políticos de origen hispano, demócratas y republicanos, criticaron con dureza la decisión del Gobierno de Trump. "Estados Unidos ha dado la espalda a su promesa de dar refugio a aquellos que sufren violencia y persecución en sus países natales", denunció Oscar Chacón, director de Alianza Americas. "Aunque las condiciones de vida pueden haber mejorado ligeramente, El Salvador enfrenta ahora un problema significativo con el narcotráfico, las bandas y el crimen", agregó el congresista republicano Mario Díaz-Balart. El demócrata Bob Menéndez lamentó los "impulsos nativistas" de la Administración republicana.

 

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