El caso Odebrecht acorrala a cuatro expresidentes peruanos

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Foto: Guadalupe Pardo / Reuters

La corrupción ha depredado el Estado peruano y las arcas del país sudamericano desde 1821, cuando fue declarada la independencia. Según documenta Historia de la corrupción, libro publicado en 2013 por Alfonso Quiroz, en casi 200 años el único presidente preso había sido Augusto Leguía, fallecido en 1932 en el Panóptico, cárcel de Lima. Pero su figura ronda hoy la política peruana. Los cuatro exmandatarios que han gobernado desde 2001 están bajo investigación de la Fiscalía por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, por haber recibido sobornos o aportaciones no declaradas para la campaña electoral. Y dos de ellos ya han pisado la cárcel por este motivo: Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Alejandro Toledo es prófugo de la justicia desde 2017 y, según el requerimiento a Estados Unidos para su extradición, le hizo prometer al exrepresentante de Odebrecht en Perú 36 millones de dólares a cambio de la concesión de las obras de la vía Interoceánica. Su testaferro -un empresario peruano-israelí- ha reconocido ante las autoridades que recibió de la constructora más de 17 millones de dólares destinados a Toledo.

Desde el pasado miércoles, Kuczynski está bajo arresto preliminar a petición del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía que lo investiga por actos de corrupción, supuestamente cometidos durante su etapa como ministro de Administración Toledo, en el otorgamiento de dos concesiones al gigante brasileño: la carretetera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos. Las pesquisas también son por blanqueo de capitales en agravio del Estado.

Los fiscales Lava Jato, tras recabar más evidencias en los últimos días, cerraron el lunes la investigación preliminar a Kuczynski y pasaron a la siguiente fase, que consiste en la formalizar la instrucción del caso. Por ello han pedido la prisión preventiva, por 36 meses, del exbanquero de inversión que gobernó Perú entre julio de 2016 y marzo de 2017. El político renunció en marzo de 2018 al cargo debido al escándalo que generó la divulgación de los pagos por haber sido consultor de Odebrecht mientras era ministro.

También cumple prisión preventiva por 36 meses la excandidata presidencial Keiko Fujimori, desde octubre pasado, investigada por lavado de activos, presuntamente procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y corrupción.

El lunes, Kuczynski participó de la audiencia que revisaba su arresto preliminar de diez días. “Han destruido la reputación de un hombre que ha trabajado 60 años. Tendré que ir en algún momento a la clínica Mayo [en Estados Unidos] porque tengo una válvula, sino seré un cadáver”, alegó.

Las partes volvieron este martes al juzgado que debe evaluar la solicitud de detención preventiva de 36 meses para Kuczynski, pero a petición del fiscal José Domingo Pérez y de la defensa del expresidente, que reclama más tiempo para preparar sus argumentos, el tribunal reprogramó la audiencia para el miércoles.

Alan García, quien gobernó entre 2006-2011, tiene prohibición de salida del país desde noviembre, mientras es investigado por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión -a Odebrecht- de la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Gracias a un acuerdo de colaboración entre el Equipo Especial de fiscales Lava Jato y la constructora, firmado el 14 de febrero, esta ha entregado nuevas evidencias de los altos cargos a los que sobornó en Perú. Las más recientes, divulgadas por el medio digital IDL-Reporteros y el diario El Comercio, prueban que Odebrecht entregó al menos 4 millones de dólares a quien fue la mano derecha de García en Palacio de Gobierno: el exsecretario de la Presidencia y exministro Luis Nava. Nava lo niega y se ha internado el lunes en una clínica local.

“A mí no se me menciona, espero que las personas mencionadas respondan y hagan sus descargos y que el 23 [de abril] el señor Barata termine con esta telenovela ante los fiscales. Estoy con impedimento de salida del país que ya es una sanción, soy el hombre más investigado en Perú en los últimos 30 años”, comentó este martes García a la prensa local.

La investigación a Humala (presidente entre 2011-2016), por aportes irregulares de Odebrecht a su campaña de 2011 es la más avanzada y está pendiente la acusación fiscal.

La persistencia de los fiscales

El ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, responderá al interrogatorio de los fiscales Lava Jato en ese país la próxima semana. Desde 2018, los fiscales Pérez y Rafael Vela, están entre los personajes más conocidos por los peruanos de a pie, por su persistencia en investigar a los políticos de mayor peso. Sus pesquisas han requerido viajes a Andorra, Tel Aviv, Sao Paulo y Curitiba, donde tienen una excelente relación con la Fuerza Tarea Lava Jato de la Procuraduría Brasileña.

El Equipo Lava Jato en Perú sufrió los embates de los congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular y del exfiscal general Pedro Chávarry -aliado de ese sector político- pero el respaldo que recibieron de los ciudadanía en manifestaciones en varias regiones, fue clave para que se mantengan en sus funciones. También ha sido clave en el avance de las investigaciones que el periodismo de investigación obtenga pruebas adicionales a las que logra la Fiscalía.

“El Ministerio Público está preparado para afrontar todos los retos que significan el grave grado de complejidad de que tienen estas investigaciones”, dijo este martes el fiscal coordinador Rafael Vela, cuando la prensa le preguntó por el pedido de prisión preventiva a Kuczynski.

“El Ministerio Público no quiere que vuelvan a ocurrir casos como los de César Hinostroza y Felix Moreno que evaden la acción de la justicia”, añadió Vela, en alusión al exjuez cuya extradición espera Perú, y al exgobernador del Callao que recibió sobornos de Odebrecht.

 

Navegar entre ‘offshores’

Las investigaciones de la trama de Odebrecht en Perú requieren desentrañar operaciones de triangulación financiera que usan la banca tradicional y firmas offshore que esconden el rastro del dinero y los destinatarios finales.

Odebrecht tenía en Brasil un Sector de Operaciones Estructuradas, es decir, un departamento de sobornos, que registraba con precisión, en un sistema llamado Drousys-MyWebDay, cada monto transferido a cuentas bancarias o firmas. Las anotaciones incluían el alias o apodo de los destinatarios relacionados con cada obra pública o cada campaña electoral. En los interrogatorios los ejecutivos de Odebrecht han revelado a los fiscales peruanos la identidad de algunos de los beneficiarios del dinero.