La fiscal general de Venezuela lidera la oposición contra Maduro
Por: El País
Junio 2017
Fotografia: AFP

El enfrentamiento entre la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega D√≠az, y el Ejecutivo de Nicol√°s Maduro se recrudece a pasos agigantados. La jefa del Ministerio P√ļblico, una antigua aliada del proceso bolivariano, impulsa con vigor el desaf√≠o legal a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente. La coincidencia entre el chavismo cr√≠tico con la deriva totalitaria del r√©gimen y la oposici√≥n aglutinada en la Mesa de la Unidad Democr√°tica (MUD) empieza a hacerse evidente. Ambos sectores parecen decididos a aliarse para forzar la salida de Maduro.

La primera prueba de que la fiscal, una antigua aliada del proceso bolivariano, y la MUD acercan posturas ocurri√≥ el lunes. La alianza opositora llam√≥ a sus seguidores a presentarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para que formaran parte del contencioso que introdujo Ortega D√≠az contra la convocatoria de la Constituyente, la apuesta de Maduro para liquidar a sus adversarios con la excusa de escribir una nueva Constituci√≥n. El mismo lunes, la Sala Electoral del Supremo, que controla el r√©gimen, no admiti√≥ la petici√≥n de la fiscal por "inepta acumulaci√≥n de pretensiones", es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos √≥rganos de los poderes p√ļblicos.

De inmediato, la fiscal replic√≥ con tres solicitudes que demuestran que la fractura con el Gobierno es definitiva: un antejuicio de m√©rito contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron poderes dictatoriales a Maduro; una medida cautelar para que los magistrados de esta Sala se separen de sus cargos; y la desincorporaci√≥n de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en los estertores del anterior per√≠odo de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el chavismo, y cuando ya se conoc√≠a que la MUD tomar√≠a control de ese poder p√ļblico.

Aquellas designaciones fueron cuestionadas por las formaciones opositoras porque los magistrados eran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, simpatizantes confesos del Gobierno bolivariano y no cumplían con los requisitos del comité de postulaciones. Ortega Díaz terminó de darle asidero a esas denuncias cuando contó que, en su momento, había cuestionado los nombramientos. "No había denunciado antes esas irregularidades porque no había podido revisar las pruebas. [...] Ese proceso estaba viciado y se hizo a espaldas mías", declaró la fiscal a Unión Radio, el lunes.

La firma del acta

La Constituci√≥n de Venezuela se√Īala que el Consejo Moral Republicano -que integran la Defensor√≠a del Pueblo, la Contralor√≠a y el Ministerio P√ļblico- debe revisar los expedientes de los aspirantes a magistrados y firmar si est√°n de acuerdo con sus designaciones. Ortega D√≠az asegura que no firm√≥ el acta porque no supo c√≥mo fueron seleccionados. Pero el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, neg√≥ que la fiscal haya objetado los nombramientos en la reuni√≥n que sostuvieron el 16 de diciembre de 2015, una semana antes de que la Asamblea Nacional juramentara a los jueces.

Los contenciosos introducidos por la fiscal parecen querer dejar en evidencia la falta de independencia de las instituciones, que el chavismo crítico apenas había sentido antes de este cisma. "El Gobierno pretende desmantelar al Estado y conspira para alterar la forma republicana, como está establecida en la Constitución. No es solo a través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con sentencias", dijo Ortega Díaz ayer, al consignar la solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados.

Los escritos han sacado a la Mesa de la Unidad de la rutina de las protestas reprimidas por la policía militarizada. La Asamblea Nacional se aprestaba ayer a juramentar a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, que debería culminar con la designación de nuevos magistrados.

Con las deserciones de sus antiguos aliados, el repudio a Maduro aumenta cada d√≠a. El r√©gimen conserva, de momento, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que utiliza como su principal ariete para seguir adelante en su esfuerzo de purgar a Venezuela. El oficialismo ahora se propone -a trav√©s del diputado chavista Pedro Carre√Īo- pedirle al Supremo que autorice que una junta m√©dica determine si la fiscal general est√° en sus cabales. El desenlace es inminente.

 

El secretario del Consejo de Defensa dimite

A. M.

El periodista venezolano Vladimir Villegas aseguró en Twitter que el mayor general Alexis Ramírez López renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) porque no está de acuerdo con la convocatoria de la Constituyente. Ramírez López fue jefe de la Casa Militar de Hugo Chávez, comandante general del Ejército durante el anterior Gobierno y parte de la logia militar del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que protagonizó el fallecido mandatario.

Su renuncia es interpretada como una prueba de que los complotados de la intentona golpista buscan provocar un cambio de orientación en las fuerzas armadas. En el grupo que se alzó entonces están los mayores generales Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y Justicia y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y Clíver Alcalá Cordones, dos activos detractores de Nicolás Maduro.

 

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