Trump pide m√°s tiempo para reunificar a padres e hijos inmigrantes
Por: El País
Julio 2018
Fotografia: Getty Images

El Gobierno de Donald Trump quiere m√°s tiempo para poder juntar a los padres e hijos inmigrantes que separ√≥ tras entrar ilegalmente a Estados Unidos. El Departamento de Justicia pidi√≥ este viernes a un juez federal de San Diego una extensi√≥n de los plazos que fij√≥ a finales de junio para finiquitar los efectos de la pol√©mica pol√≠tica de "tolerancia cero": haber reunificado el 10 de julio a los ni√Īos de menos de cinco a√Īos con sus parientes y el 26 de julio al resto de menores de edad.

"El Gobierno tiene un fuerte inter√©s en garantizar que la liberaci√≥n de un chico en custodia gubernamental ocurra de una forma que garantice la seguridad del chico", se√Īal√≥ la Fiscal√≠a en su recurso ante el juez Dana Sabraw. "El Departamento de Salud y Servicios Humanos anticipa que no podr√° llevar a cabo los procesos adicionales seg√ļn el calendario de la Corte, en especial para las personas que ya no est√°n en custodia del Gobierno", agrega en referencia a los padres que ya han sido liberados mientras esperan a una vista judicial para determinar si pueden quedarse en EE UU o son deportados.

Sabraw abri√≥ la puerta a extender el plazo solo para casos espec√≠ficos. "El Gobierno debe reunirlos. Debe cumplir con el plazo excepto que haya una raz√≥n articulada", se√Īal√≥ en la vista judicial. El juez pidi√≥ a los abogados del Gobierno y de la ACLU, la organizaci√≥n social que llev√≥ a los tribunales la situaci√≥n de varios inmigrantes, que se coordinen el fin de semana para presentarle el lunes un listado de cu√°ntos de los 101 ni√Īos menores de cinco a√Īos bajo custodia del Gobierno no podr√°n ser reagrupados con sus padres en la fecha l√≠mite del martes. De esa cifra, hay 19 chicos cuyos padres han sido excarcelados pero no se sabe d√≥nde est√°n y otros 19 progenitores que han sido expulsados a sus pa√≠ses de origen, seg√ļn la cadena NBC.

La petici√≥n de la Fiscal√≠a contradice las declaraciones del jueves por la ma√Īana del secretario de Salud, Alex Azar, que prometi√≥ entonces cumplir el fallo del juez. Servicios Sociales tiene bajo custodia a aproximadamente 11.800 inmigrantes menores de edad. "Menos de 3.000", seg√ļn dijo el secretario, fueron separados de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera.

Azar revel√≥ que las autoridades estaban llevando a cabo pruebas de ADN para verificar la relaci√≥n entre padres e hijos. Tambi√©n anunci√≥ que, para acelerar el proceso de reunificaci√≥n de las familias, se est√°n trasladando los inmigrantes padres de ni√Īos de menos de cinco a√Īos a c√°rceles cercanas a los albergues d√≥nde est√°n los menores.

Acechado por una ola de repudio, Trump derog√≥ el 20 de junio su pol√≠tica de separaci√≥n de familias en la frontera. Fue la primera gran rectificaci√≥n en su a√Īo y medio de presidencia, marcada por la demonizaci√≥n de la inmigraci√≥n irregular. La Fiscal√≠a anunci√≥ en abril una estrategia de "tolerancia cero" que implicaba presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EE UU. Si viajaban con ni√Īos, como los menores no pueden ser encarcelados, eran segregados de sus padres. Se les trasladaba a un albergue de Servicios Sociales donde permanec√≠an hasta que se encontrara una familia de acogida.

Los documentos judiciales exponen con crudeza c√≥mo el Gobierno actuaba sin un plan definido mientras colocaba a ni√Īos de escasa edad en una v√≠a legal totalmente separada de la de sus padres. Las autoridades no saben con certeza d√≥nde est√°n algunos adultos -por ejemplo, algunos excarcelados- ni cu√°ntos ni√Īos fueron exactamente separados de sus padres. La Administraci√≥n tambi√©n reconoce la dificultad de contactar a un adulto cuando ya ha sido deportado a su pa√≠s de origen mientras su hijo, con el que emprendi√≥ el peligroso periplo desde Centroam√©rica, sigue en EE UU. Y advierte de que algunas pruebas de ADN no han sido concluyentes.

¬ŅEfecto fronterizo?

En paralelo a la crisis de la reunificación de familias, el jueves se supo que la policía fronteriza detuvo en junio a 34.114 personas (5.115 menores que viajaban solos y 9.449 unidades familiares) tras cruzar ilegalmente a EE UU, un 18% menos que en mayo. Las cifras ponen fin a cuatro meses de subidas constantes en las aprehensiones de inmigrantes indocumentados. El Gobierno republicano atribuyó el descenso a la política de "tolerancia cero" aunque también puede deberse a otros factores, como las altas temperaturas veraniegas. Las estadísticas de los próximos meses permitirán esclarecer si se mantiene el pretendido efecto disuasorio que buscaba el republicano en la llegada de indocumentados a EE UU.

Pese al descenso, las cifras de junio duplican los 21.657 arrestos de un a√Īo antes y siguen superando las de principios de 2018. Pero se mantienen por debajo de los 45.772 de junio de 2016, durante el Gobierno del dem√≥crata Barack Obama.

El portavoz del Departamento de Seguridad Interior, Tyler Houlton, utiliz√≥ las √ļltimas estad√≠sticas para insistir en que el Congreso debe "cerrar resquicios legales que impulsan la inmigraci√≥n ilegal". Esta es una de las reclamaciones constantes de Trump. El presidente se pas√≥ semanas culpando falsamente al Congreso, y en concreto a los legisladores dem√≥cratas, de obligarle a separar a familias cuando en realidad era una decisi√≥n unilateral de su Administraci√≥n.

El Congreso tiene la potestad de endurecer las leyes migratorias, pero son sobre todo decisiones judiciales y cuestiones logísticas las que condicionan el día a día de los servicios fronterizos. Por ejemplo, una sentencia impide mantener más de 20 días juntos bajo custodia a padres e hijos inmigrantes.

 

Un juez preserva gran parte del blindaje de California a los inmigrantes

Antonia Laborde

California le brinda otro fracaso a la política migratoria de Donald Trump. El Gobierno intentó a través de una demanda acabar con la ley santuario en el Estado, la que permite que ninguna agencia policial del Estado pueda colaborar con la policía de inmigración federal. Sin embargo, el juez federal de Sacramento, John Méndez, respaldó este jueves dos de las tres tres normas que protegen a los indocumentados, dándole una victoria a California contra la administración federal.

Este triunfo al ataque legislativo de Trump es de un enorme simbolismo. California, donde se calcula que vive una cuarta parte de los 11 millones de indocumentados del país, fue el primer estado santuario y al que el fiscal general, Jeff Sessions, le ha declarado la guerra por sus medidas protectoras con los inmigrantes ilegales. La decisión de Méndez deja intacta la política de que las agencias policiales locales y estatales tengan prohibido indagar el estatus migratorio de las personas, colaborar en los operativos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y transferir a los detenidos por faltas menores.

Sin embargo, el juez aclar√≥ que no se puede multar a due√Īos de empresas o f√°bricas con 10.000 d√≥lares por permitir la entrada de ICE o por que accedan a los documentos migratorios de los empleados. Devin O'Malley, portavoz del Departamento de Justicia, calific√≥ el fallo que bloquea las multas como una "gran victoria para el sector privado y los empleadores que ya no se les impide cooperar con la aplicaci√≥n leg√≠tima de nuestras leyes de inmigraci√≥n".

 

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