Venezolanos, las nuevas víctimas de la guerra en Colombia
Por: El País
Agosto 2019
Fotografia: LUIS ROBAYO / AFP

"Estamos aqu√≠ porque en Venezuela hay mucha escasez de comida. Yo tengo 14 a√Īos y raspo coca. Hay ni√Īos de ocho a√Īos que tambi√©n raspan coca". El testimonio de un adolescente venezolano es parte de la cruda realidad que revela el informe La guerra en el Catatumbo, de Human Rights Watch (HRW), que documenta violaciones de derechos humanos en esa regi√≥n fronteriza y revela c√≥mo los migrantes venezolanos son carne de ca√Ī√≥n de los grupos armados ilegales que los reclutan como 'raspachines', como se conoce a los recolectores de hoja de coca en Colombia.

"Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo est√°n expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia", indica el documento, que recogi√≥ informaci√≥n en abril de 2019 con cerca de 80 fuentes en C√ļcuta, la principal ciudad sobre la l√≠nea lim√≠trofe, y otros municipios del Catatumbo.

Como refleja una de las entrevistas que acompa√Īa el informe, los migrantes se someten a labores con cultivos ilegales a cambio de alimentarse. "Vienen a buscar trabajos ac√° aunque sea por la comida. Estos grupos al margen de la ley los est√°n reclutando con mentiras. Les dicen que les van a dar comida y sueldo", cuenta una mujer en video. Pero no solo son utilizados en cultivos de coca. "Tambi√©n son v√≠ctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y ni√Īas han sido v√≠ctimas de violencia sexual", agrega el documento de HRW. La situaci√≥n, sin embargo, puede ser a√ļn peor porque los venezolanos evitan denunciar ante las autoridades colombianas por temor a ser deportados. De acuerdo con cifras de la Fiscal√≠a de Colombia, citadas por HRW, se investigan 47 homicidios de ciudadanos venezolanos cometidos en el Catatumbo desde 2017.

No es claro cu√°ntos venezolanos habitan en El Catatumbo, una subregi√≥n del departamento de Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Pero seg√ļn la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinaci√≥n de Asuntos Humanitarios (Ocha), pueden ser al menos 25.000. La ONG le recomienda al gobierno de Iv√°n Duque que eval√ļe de forma "exhaustiva" la cantidad de venezolanos en esa zona y "asegurar que tengan estatus legal" para que puedan trabajar legalmente y no teman denunciar abusos. Con 1,4 millones de venezolanos en su territorio, Colombia es por mucho el principal destino del √©xodo que huye de la crisis pol√≠tica, social y econ√≥mica del pa√≠s vecino.

En el Catatumbo convergen todos los problemas del conflicto colombiano: aumento de cultivos il√≠citos, presencia de grupos armados e inestabilidad en la frontera, adobado con una pobreza hist√≥rica. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Il√≠citos de Naciones Unidas (Simci) se√Īala que Norte de Santander es, con 33.598 hect√°reas que representan el 20 % del total nacional, el segundo departamento con mayor extensi√≥n de narcocultivos -despu√©s de Nari√Īo- y ha sufrido un incremento sostenido en los √ļltimos a√Īos. Solo en 2018 la extensi√≥n de los cultivos creci√≥ un 19% en Norte de Santander. All√≠ hacen presencia grupos armados que se disputan el territorio como el Ej√©rcito de Liberaci√≥n Nacional (ELN) y el Ej√©rcito Popular de Liberaci√≥n (EPL), as√≠ como disidencias de las extintas FARC, hoy desarmadas y convertidas en partido pol√≠tico en virtud del acuerdo de paz que sellaron con el Gobierno a finales de 2016.

La situaci√≥n de violencia es cr√≠tica para colombianos y venezolanos. Desde 2017 se han desplazado m√°s 40.000 personas, la mayor√≠a durante el 2018, la mayor√≠a por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Sin embargo, afirma Human Rights Watch, este a√Īo la raz√≥n del √©xodo son los combates que libran estos grupos y la fuerza p√ļblica colombiana. Y algunas familias huyen tambi√©n debido al temor del reclutamiento infantil. "Los miembros de los grupos armados les ofrecen a los ni√Īos y ni√Īas, incluso de apenas 12 a√Īos, que se unan a sus filas. Con frecuencia, les ofrecen un pago. A veces, amenazan con matarlos a ellos o a sus familias si se niegan, seg√ļn familiares de las v√≠ctimas, la Defensor√≠a del Pueblo y funcionarios de organizaciones humanitarias que trabajaban en la zona", asegura el documento.

Por otro lado, los homicidios se duplicaron desde 2015, pasando de 112 en ese a√Īo a 231 en 2018, una tasa anual de casi 79 cada 100.000 habitantes, tres veces la tasa nacional. Lo m√°s grave es que la situaci√≥n afect√≥ particularmente a civiles. Human Rights Watch identific√≥ que en varios casos fueron asesinados tras "acusarlos de cooperar con grupos armados contrarios o con el Ej√©rcito, o porque se negaron a cooperar con el grupo o a sumarse a sus filas", y que esta regi√≥n ha sido centro de asesinatos a l√≠deres comunitarios. Como si el panorama no fuera de por s√≠ cr√≠tico para la poblaci√≥n civil, las minas antipersonales, que se pensaban erradicadas en el pa√≠s, han cobrado vidas. "Cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales en el Catatumbo desde 2017, aunque no se sabe con certeza cu√°ntos de estos incidentes fueron causados por minas plantadas recientemente o por otras que quedaron de per√≠odos anteriores del conflicto", denuncia la organizaci√≥n de derechos humanos.

El informe La guerra en el Catatumbo tambi√©n abord√≥ la violencia sexual, que afect√≥ a 41 personas desde 2017. Y aunque estos hechos se encuentran m√°s relacionados a violencia intrafamiliar, varias voces que consulta HRW afirman que existen casos relacionados con los grupos armados que act√ļan en la zona y que estos tambi√©n amenazan a trabajadoras sexuales, "que en al menos tres municipios del Catatumbo son, en su mayor√≠a, venezolanas".

El documento será entregado este jueves al presidente Iván Duque por parte del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, y contiene una serie de recomendaciones para atender la crítica situación de derechos humanos que vive esta región.

 

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