El aumento de asesinatos de ecologistas en América Latina choca con la retórica de los Gobiernos
Por: El País
Septiembre 2018
Fotografia: Cepal

Aumenta la violencia y aumenta la ret√≥rica. Al menos¬†14 pa√≠ses de Latinoam√©rica y el Caribe, entre ellos M√©xico, Brasil y Guatemala, han ratificado este jueves en la Organizaci√≥n de las Naciones Unidas el Acuerdo de Escaz√ļ (Costa Rica), un tratado para la protecci√≥n de los ecologistas. La firma llega dos meses despu√©s de conocerse los datos que registran un nuevo r√©cord de asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo. Alrededor del 60% de estos homicidios registrados por la ONG Global Witness ocurre justamente en la regi√≥n.

La propuesta llega en un momento cr√≠tico para el continente, marcado por la impunidad que se refleja en algunos casos simb√≥licos, como el asesinato en marzo del 2016 de la activista hondure√Īa Berta C√°ceres,¬†conocida por su defensa de la tierra, que tras dos a√Īos y medio de espera, contin√ļa impune. La gran mayor√≠a de los homicidios se producen en contextos de disputas por los recursos naturales, particularmente el territorio. Ese el caso tambi√©n del l√≠der ind√≠gena Isidro Baldenegro, defensor de las comunidades y los bosques nativos de M√©xico, que fue tiroteado en enero de 2017 y que a√ļn no ha obtenido justicia.

Por lo menos 207 defensores del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en 2017, seg√ļn el informe anual de la organizaci√≥n internacional Global Witness. Un n√ļmero que ha ido en aumento en los √ļltimos a√Īos, ya que en 2016 se registraron 200 homicidios y en 2015, 185. El recuento que lleva esta ONG de los asesinatos ejecutados este a√Īo sobrepasaba en julio los 60, dentro de los cuales al menos una veintena se hab√≠a producido en Latinoam√©rica.

"Este acuerdo es novedos√≠simo, es el √ļnico que incorpora la defensa de los que est√°n luchando por los derechos humanos en asuntos ambientales", asegura a este diario Alicia B√°rcena, secretaria ejecutiva de la Comisi√≥n Econ√≥mica para Am√©rica Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. La funcionaria asegura que el acuerdo, que retoma el principio 10 de la Declaraci√≥n de R√≠o de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, resulta "hist√≥rico" y que con este proyecto el continente se pone "a la vanguardia".

Sin embargo, las cr√≠ticas se centran en la poca especificidad del texto. "El contenido no tiene mucho peso en t√©rminos pr√°cticos. Por ahora hay mucha ret√≥rica, pero poco sobre qu√© significa. No tiene mucha informaci√≥n sobre los pasos concretos que tienen que aplicar los gobiernos", manifiesta Billy Kyte, de Global Witness. El jefe de campa√Īas de defensa de la tierra y el medio ambiente de esta ONG asegura que se trata de "un hito" pero mantiene una postura cauta ante la firma del Tratado porque, seg√ļn √©l, la exitosa implementaci√≥n depender√° de la voluntad de los pa√≠ses para cumplir con lo pactado.

El acuerdo, fruto de unas negociaciones en Costa Rica el pasado marzo, se apoya en cuestiones relativas al √°rea medioambiental que incluyen el compromiso de los Gobiernos de facilitar a sus poblaciones el acceso a la informaci√≥n p√ļblica y a garantizar el acceso a la justicia a trav√©s de la creaci√≥n de √≥rganos especializados en la materia. Adem√°s, el tratado compromete a las naciones a establecer mecanismos para la participaci√≥n p√ļblica en la toma de decisiones y promover entornos seguros para los defensores del medioambiente. En este √ļltimo punto se incluye la protecci√≥n de derechos b√°sicos como el "derecho a la vida, integridad personal, libertad de opini√≥n y expresi√≥n, derecho de reuni√≥n y asociaci√≥n pac√≠ficas y derecho a circular libremente".

Gustavo Alan√≠s, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se√Īala que es importante que la sociedad civil compruebe que la implementaci√≥n se haga efectiva para que no resulte "puro show o pura cortina de humo". "Ser√≠a importante que los Estados que suscriben tengan claro que hay que tener institucionalidad, presupuestos y voluntad pol√≠tica. Si lo hacen solamente por apariencia, podr√≠an pagar un alto costo porque quedar√≠an mal parados ante la comunidad internacional", dice.

"Nos parece importante que esta herramienta exista reconocida internacionalmente. Sin embargo, no garantiza que la situaci√≥n cambie de la noche a la ma√Īana. Si no hay presi√≥n a las autoridades, las cosas no cambiar√°n a pesar de la firma de este acuerdo", asegura Violeta Vald√©s, secretaria t√©cnica del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, organizaci√≥n que lleva el nombre del ecologista ind√≠gena mexicano asesinado en 2014.

Otro de los cuestionamiento que se le hace al texto de Escaz√ļ es el art√≠culo que garantiza el acceso a la justicia. Punto controversial para los pa√≠ses firmantes, donde el nivel de impunidad es alt√≠simo. "Hemos suscrito a muchos tratados y muchos convenios. La mayor√≠a de las herramientas para el acceso a la justicia existen pero est√°n mal aplicadas porque no hay voluntad pol√≠tica por parte de las autoridades", dice Sandino Rivero, abogado a cargo de la defensa de las causas judiciales de los activistas Antonio Esteban y Manuel Gaspar, tambi√©n asesinado el pasado mayo en Puebla (M√©xico).

Bárcena, de la CEPAL, asegura que esta vez la situación es diferente porque se trata de un acuerdo vinculante, lo que pondrá más presión sobre los gobiernos para que formalicen lo acordado. "Una vez que los países se han sumado a ello y lo ratifiquen, hay previsiones para que haya sanciones y autoridades internacionales que puedan actuar contra los Estados que no cumplan", manifiesta.

 

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