El juicio de Berta C√°ceres: siete condenas y un sabor agridulce
Por: El País
Noviembre 2018

El tribunal de Honduras que juzga el caso de Berta Cáceres condenó este jueves a siete personas y absolvió a otra más por su implicación en el asesinato de la líder ecologista. Entre los condenados están los tres sicarios que dispararon contra Cáceres el 2 de marzo de 2016, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa DESA (Desarrollos energéticos), que construiría la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía frontalmente.

El tribunal declar√≥ culpables a Sergio Rodr√≠guez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano D√≠az, (mayor en activo del ej√©rcito de Honduras) Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hern√°ndez (exmilitar) y a los sicarios Elvin R√°palo, √ďscar Torres y Edilson Duarte, como coautores del asesinato.Tras un juicio de cinco semanas, considera tambi√©n que est√° probado que los directivos de la empresa DESA planificaron el asesinato con el objetivo de da√Īar su lucha.

La familia de la ecologista se mostr√≥ contraria al fallo y opin√≥ que "hubo condenas pero no hubo justicia", resumi√≥ la hija de Bertha C√°ceres a este diario, en referencia a que no se ha investigado a los due√Īos de la hidroel√©ctrica. Organizaciones como CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ) y Amnist√≠a Internacional consideran que "los autores intelectuales del asesinato a√ļn est√°n en impunidad".

Seg√ļn la reconstrucci√≥n de la sala I del Tribunal de Tegucigalpa, cansado de las protestas de Berta C√°ceres y COPINH, la organizaci√≥n que lideraba, el gerente de la empresa DESA pidi√≥ ayuda a uno de sus jefes de seguridad para que terminara con ella. En concreto se lo pidi√≥ al teniente retirado Douglas Bustillo. A su vez, Bustillo recurri√≥ a otro amigo de los cuarteles, el mayor Mariano D√≠az, instructor de la Polic√≠a Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a los sicarios. Al √ļltimo de los pistoleros lo capturaron en enero en una peluquer√≠a de Reynosa, Tamaulipas, en la frontera entre M√©xico y Estados Unidos, donde trabajaba. Hab√≠a recibido 50.000 lempiras (2.200 d√≥lares) por apretar el gatillo. Coordinado con los siete estar√≠a el presidente de la compa√Ī√≠a, David Castillo, detenido en marzo y que sigue un juicio paralelo. Hasta hoy el √ļnico testigo de lo sucedido aquella noche es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien result√≥ herido en el ataque.

Adem√°s de se√Īalar a los culpables, el tribunal, compuesto por dos juezas y un juez, hizo p√ļblicos algunos detalles que abonan las dudas sobre quienes fueron los autores intelectuales o de d√≥nde sali√≥ el dinero para pagar a los sicarios. La sentencia constata que las protestas lideradas por Berta C√°ceres molestaban a los directivos de DESA y que intentaron asesinarla sin √©xito un mes antes, el 5 de febrero de 2016.Tambi√©n que tras el frustrado intento, Bustillo se comunic√≥ con miembros de DESA para planificar un nuevo el asesinato.

Además, Sergio Rodríguez pagaba a informantes para tener permanentemente localizada a Cáceres sobre los lugares, días y fechas en los que habría protestas. Mediante un chat de WhatsApp, mantenía informados a los ejecutivos de DESA sobre las acciones, movimientos y ubicación de Berta Cáceres y el Copinh.

Los a√Īos de finales de condena para los siete culpables se conocer√° en enero, pero la pena por asesinato en Honduras ronda los 50 a√Īos de c√°rcel. Seg√ļn la empresa, la familia C√°ceres y Copinh han intentado manipular el juicio y se han dejado fuera pruebas sobre una supuesta relaci√≥n de C√°ceres que demostrar√≠an una relaci√≥n tormentosa que habr√≠a acabado con su vida.

"Tenemos una sensaci√≥n agridulce sobre la sentencia. Por un lado, los siete condenados, seg√ļn nuestras pruebas, est√°n vinculados al asesinato, pero no se ha juzgado a quienes dieron la orden", se√Īal√≥ v√≠a telef√≥nica Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presente en el juicio. "Sin embargo, hay un claro se√Īalamiento del tribunal a los directivos como responsables", dice la responsable de la organizaci√≥n de derechos humanos con sede en Washington.

"A pesar de la existencia de una sentencia (...) la justicia hondure√Īa tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todos las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta C√°ceres", se√Īal√≥ √Črika Guevara Rosas, directora para las Am√©ricas de Amnist√≠a Internacional. Para la empresa nunca se han demostrado que la orden saliera de sus despachos y, aunque mantiene la concesi√≥n, ha renunciado a seguir con el proyecto "como gesto de buena voluntad".

C√°ceres fue asesinada en marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras. Hasta ese d√≠a ella era la piedra en el zapato en contra de la presa Agua Zarca de la empresa DESA que cambiar√≠a el rumbo del r√≠o Gualcarque. Una nueva hidroel√©ctrica en la l√≠nea de la pol√≠tica de grandes obras p√ļblicas concesionadas a pu√Īado de familias que ha llevado a cabo los √ļltimos a√Īos gobiernos de Honduras. Un a√Īo antes, C√°ceres, 2015 hab√≠a recibido el reconocido premio Goldman Enviromental Prize, el galard√≥n m√°s prestigioso entre los defensores del medio ambiente.

Su muerte provocó la indignación global y desde Barack Obama a El Vaticano, exigieron el esclarecimiento. Para Aguiluz, los chats conocidos durante el juicio dejan claro que los autores intelectuales son los directivos y algunos accionistas cuyos nombres aparecen como la poderosa familia Atala, concluye.

 

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