La ley que est√° asfixiando a Puerto Rico
Por: Nelson A. Denis / The New York Times
Septiembre 2017
Fotografia: ABC

El hurac√°n Mar√≠a es la tormenta m√°s poderosa que ha azotado a Puerto Rico en m√°s de 80 a√Īos. Dej√≥ a la isla sin electricidad, servicio que quiz√° tarde seis meses en restablecerse. Derrib√≥ √°rboles, rompi√≥ ventanas, se llev√≥ techos y convirti√≥ las calles en r√≠os.

El presidente Donald Trump dijo que "arrasó por completo a Puerto Rico", y lo declaró como zona de desastre federal. Sin embargo, Estados Unidos debe tomar medidas adicionales y suspender la aplicación de la Ley Jones en Puerto Rico.

Después de la Primera Guerra Mundial, el tema de los submarinos alemanes que hundieron casi 5000 barcos durante el conflicto armado era motivo de inquietud en Estados Unidos. En respuesta, el congreso promulgó la Ley de la Marina Mercante de 1920 (conocida como la Ley Jones), cuyo objetivo era garantizar que el país pudiera mantener su industria de construcción naval y proteger a su fuerza de trabajo marítima.

La secci√≥n 27 de esta ley establece que solo los barcos estadounidenses pueden transportar bienes y pasajeros entre puertos de ese pa√≠s. De igual manera, solo ciudadanos estadounidenses pueden construir los barcos, trabajar en ellos o ser sus propietarios. Casi un siglo despu√©s, ning√ļn submarino acecha la costa de Puerto Rico, as√≠ que el prop√≥sito original de la Ley Jones ya no tiene raz√≥n de ser. Sin embargo, su aplicaci√≥n sigue asfixiando la econom√≠a de la isla.

Conforme a esta ley, para poder ingresar a Puerto Rico cualquier embarcaci√≥n con registro extranjero debe pagar aranceles, cuotas e impuestos proteccionistas, que termina absorbiendo el consumidor puertorrique√Īo.

Las embarcaciones extranjeras tienen otra opción: cambiar de ruta y dirigirse hacia Jacksonville, Florida, donde pueden trasladar toda su mercancía a una embarcación estadounidense para enviarla a Puerto Rico. También en este caso el consumidor termina absorbiendo los costos derivados del cambio de ruta.

A causa de esta ley, el precio de la mercancía proveniente del área continental del país se dispara por lo menos al doble que en las islas vecinas, incluidas las Islas Vírgenes de Estados Unidos donde no se aplica esa ley. También cabe destacar que el costo de vida en Puerto Rico es un 13 por ciento más elevado que en 325 áreas urbanas del resto de Estados Unidos, aunque el ingreso per cápita es de unos 18.000 dólares, casi la mitad que en Misisipi, el más pobre de los 50 estados.

Se trata de una extorsión, un vil chantaje, y el mercado de Puerto Rico se encuentra cautivo. La isla es el quinto mayor mercado del mundo para los productos de Estados Unidos; en Puerto Rico hay más Walmarts y Walgreens por kilómetro cuadrado que en cualquier otra parte del planeta.

Un informe publicado en 2012 por dos economistas de la Universidad de Puerto Rico revel√≥ que la Ley Jones provoc√≥ p√©rdidas equivalentes a 17.000 millones de d√≥lares en la econom√≠a de la isla entre 1990 y 2010. Otros estudios calcularon que esa medida le causa a Puerto Rico, Haw√°i y Alaska da√Īos anuales de entre 2800 y 9800 millones de d√≥lares. Seg√ļn estos datos, si no existiera la Ley Jones, Puerto Rico no tendr√≠a deuda p√ļblica.

Tres territorios estadounidenses est√°n exentos de la aplicaci√≥n de la Ley Jones, entre ellos las Islas V√≠rgenes de Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York determin√≥ que la Ley Jones afecta la econom√≠a puertorrique√Īa y dos republicanos, el senador John McCain de Arizona y el representante Gary Palmer de Alabama, presentaron proyectos para revocar o suspender esta ley (la industria de la construcci√≥n naval apoya su aplicaci√≥n).

Los submarinos han desaparecido pero esta ley proteccionista contin√ļa en vigencia. El capitalismo vinculado con la Ley Jones no "protege" a nadie y asfixia la econom√≠a de Puerto Rico. Si a Estados Unidos le preocupa un poco la gente de Puerto Rico que sufri√≥ los embates del hurac√°n, debe liberarla del peso de esa ley... pronto.

Recuperarse del desastre ser√° dif√≠cil en cualquier caso, pero la Ley Jones lo har√° mucho m√°s dif√≠cil. Los alimentos cuestan el doble en Puerto Rico que en Florida. Eliminar la Ley Jones salvar√≠a a muchos puertorrique√Īos, en especial a ni√Īos y adultos mayores, de la hambruna. Tambi√©n permitir√≠a que adquieran medicinas, en particular medicamentos canadienses, a precios asequibles para salvar vidas. Adem√°s, les dar√≠a acceso a los mercados internacionales de petr√≥leo, que es crucial para la operaci√≥n de su red el√©ctrica, sin tener que pagar el 30 por ciento adicional que le suma la Ley Jones.

Suspender o revocar esta ley tambi√©n es fundamental para la ardua tarea de reconstrucci√≥n que tienen por delante. Tan solo en un pueblo, 70.000 personas fueron evacuadas porque un dique estaba a punto de romperse. Eliminar esta medida permitir√≠a que los residentes compraran materiales, reconstruyeran sus casas y evitaran que se multiplique el n√ļmero de indigentes.

No solo está en juego la recuperación tras los efectos del huracán María. También está en juego el futuro de Puerto Rico a largo plazo. Si se suspende la aplicación de la Ley Jones, los precios al consumidor podrían bajar entre un 15 y 20 por ciento y el costo de la energía se reduciría.

En la era posterior a la Ley Jones, Puerto Rico podr√≠a modernizar su infraestructura y desarrollar su propia industria de construcci√≥n naval. De hecho, la isla podr√≠a convertirse en un centro importante de navegaci√≥n entre Am√©rica del Sur, el Caribe y el resto del mundo. Esta industria generar√≠a miles de empleos y oportunidades para trabajadores calificados y peque√Īas empresas.

En un territorio con una cifra oficial de desempleo superior al diez por ciento (y de alrededor del 25 por ciento en términos reales), un cambio así sería muy positivo para la fuerza de trabajo en su conjunto.

Una crisis humanitaria est√° a punto de estallar en Puerto Rico. No obstante, las consecuencias de suspender la Ley Jones ser√≠an inmediatas y tendr√≠an grandes efectos. No es momento de aprovecharse de la poblaci√≥n con precios elevados. Ya es hora de que el congreso estadounidense act√ļe con √©tica y responsabilidad y suspenda la aplicaci√≥n de la Ley Jones en Puerto Rico.

 

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