La ley que está asfixiando a Puerto Rico
Por: Nelson A. Denis / The New York Times
Septiembre 2017
Fotografia: ABC

El huracán María es la tormenta más poderosa que ha azotado a Puerto Rico en más de 80 años. Dejó a la isla sin electricidad, servicio que quizá tarde seis meses en restablecerse. Derribó árboles, rompió ventanas, se llevó techos y convirtió las calles en ríos.

El presidente Donald Trump dijo que "arrasó por completo a Puerto Rico", y lo declaró como zona de desastre federal. Sin embargo, Estados Unidos debe tomar medidas adicionales y suspender la aplicación de la Ley Jones en Puerto Rico.

Después de la Primera Guerra Mundial, el tema de los submarinos alemanes que hundieron casi 5000 barcos durante el conflicto armado era motivo de inquietud en Estados Unidos. En respuesta, el congreso promulgó la Ley de la Marina Mercante de 1920 (conocida como la Ley Jones), cuyo objetivo era garantizar que el país pudiera mantener su industria de construcción naval y proteger a su fuerza de trabajo marítima.

La sección 27 de esta ley establece que solo los barcos estadounidenses pueden transportar bienes y pasajeros entre puertos de ese país. De igual manera, solo ciudadanos estadounidenses pueden construir los barcos, trabajar en ellos o ser sus propietarios. Casi un siglo después, ningún submarino acecha la costa de Puerto Rico, así que el propósito original de la Ley Jones ya no tiene razón de ser. Sin embargo, su aplicación sigue asfixiando la economía de la isla.

Conforme a esta ley, para poder ingresar a Puerto Rico cualquier embarcación con registro extranjero debe pagar aranceles, cuotas e impuestos proteccionistas, que termina absorbiendo el consumidor puertorriqueño.

Las embarcaciones extranjeras tienen otra opción: cambiar de ruta y dirigirse hacia Jacksonville, Florida, donde pueden trasladar toda su mercancía a una embarcación estadounidense para enviarla a Puerto Rico. También en este caso el consumidor termina absorbiendo los costos derivados del cambio de ruta.

A causa de esta ley, el precio de la mercancía proveniente del área continental del país se dispara por lo menos al doble que en las islas vecinas, incluidas las Islas Vírgenes de Estados Unidos donde no se aplica esa ley. También cabe destacar que el costo de vida en Puerto Rico es un 13 por ciento más elevado que en 325 áreas urbanas del resto de Estados Unidos, aunque el ingreso per cápita es de unos 18.000 dólares, casi la mitad que en Misisipi, el más pobre de los 50 estados.

Se trata de una extorsión, un vil chantaje, y el mercado de Puerto Rico se encuentra cautivo. La isla es el quinto mayor mercado del mundo para los productos de Estados Unidos; en Puerto Rico hay más Walmarts y Walgreens por kilómetro cuadrado que en cualquier otra parte del planeta.

Un informe publicado en 2012 por dos economistas de la Universidad de Puerto Rico reveló que la Ley Jones provocó pérdidas equivalentes a 17.000 millones de dólares en la economía de la isla entre 1990 y 2010. Otros estudios calcularon que esa medida le causa a Puerto Rico, Hawái y Alaska daños anuales de entre 2800 y 9800 millones de dólares. Según estos datos, si no existiera la Ley Jones, Puerto Rico no tendría deuda pública.

Tres territorios estadounidenses están exentos de la aplicación de la Ley Jones, entre ellos las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York determinó que la Ley Jones afecta la economía puertorriqueña y dos republicanos, el senador John McCain de Arizona y el representante Gary Palmer de Alabama, presentaron proyectos para revocar o suspender esta ley (la industria de la construcción naval apoya su aplicación).

Los submarinos han desaparecido pero esta ley proteccionista continúa en vigencia. El capitalismo vinculado con la Ley Jones no "protege" a nadie y asfixia la economía de Puerto Rico. Si a Estados Unidos le preocupa un poco la gente de Puerto Rico que sufrió los embates del huracán, debe liberarla del peso de esa ley... pronto.

Recuperarse del desastre será difícil en cualquier caso, pero la Ley Jones lo hará mucho más difícil. Los alimentos cuestan el doble en Puerto Rico que en Florida. Eliminar la Ley Jones salvaría a muchos puertorriqueños, en especial a niños y adultos mayores, de la hambruna. También permitiría que adquieran medicinas, en particular medicamentos canadienses, a precios asequibles para salvar vidas. Además, les daría acceso a los mercados internacionales de petróleo, que es crucial para la operación de su red eléctrica, sin tener que pagar el 30 por ciento adicional que le suma la Ley Jones.

Suspender o revocar esta ley también es fundamental para la ardua tarea de reconstrucción que tienen por delante. Tan solo en un pueblo, 70.000 personas fueron evacuadas porque un dique estaba a punto de romperse. Eliminar esta medida permitiría que los residentes compraran materiales, reconstruyeran sus casas y evitaran que se multiplique el número de indigentes.

No solo está en juego la recuperación tras los efectos del huracán María. También está en juego el futuro de Puerto Rico a largo plazo. Si se suspende la aplicación de la Ley Jones, los precios al consumidor podrían bajar entre un 15 y 20 por ciento y el costo de la energía se reduciría.

En la era posterior a la Ley Jones, Puerto Rico podría modernizar su infraestructura y desarrollar su propia industria de construcción naval. De hecho, la isla podría convertirse en un centro importante de navegación entre América del Sur, el Caribe y el resto del mundo. Esta industria generaría miles de empleos y oportunidades para trabajadores calificados y pequeñas empresas.

En un territorio con una cifra oficial de desempleo superior al diez por ciento (y de alrededor del 25 por ciento en términos reales), un cambio así sería muy positivo para la fuerza de trabajo en su conjunto.

Una crisis humanitaria está a punto de estallar en Puerto Rico. No obstante, las consecuencias de suspender la Ley Jones serían inmediatas y tendrían grandes efectos. No es momento de aprovecharse de la población con precios elevados. Ya es hora de que el congreso estadounidense actúe con ética y responsabilidad y suspenda la aplicación de la Ley Jones en Puerto Rico.

 

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