Gobierno design贸 a procesada por estafa como encargada de Dircabi
Por: El Deber
Junio 2019

En contrasentido con los discursos que desde el Gobierno se han venido dando en las 煤ltimas semanas, en los que se ha pedido transparencia y 茅tica a los funcionarios de la Polic铆a, el Poder Judicial y el Ministerio P煤blico, debido a que algunos de sus miembros se vieron envueltos en casos de narcotr谩fico, corrupci贸n o se conoci贸 que estaban siendo indagados por diversos il铆citos, desde el Ministerio de Gobierno se design贸, en abril de este a帽o, a Patricia Salazar Morant como la responsable de administrar los bienes incautados al narcotr谩fico en Santa Cruz.

La funcionaria p煤blica, que dijo haber sido invitada para ocupar este cargo, fue denunciada por el delito de estafa agravada con v铆ctimas m煤ltiples, sindicaci贸n que data de mediados de 2016.

A la fecha el caso termin贸 su etapa de investigaci贸n preliminar y la Fiscal铆a acus贸 a Salazar Morant y a Marco Antonio Montero Choma, supuestos autores del delito de estafa, ante el Tribunal D茅cimo Primero de Sentencia para que sean juzgados y sea esta instancia la que defina su inocencia o culpabilidad, luego de un juicio oral.

Sin embargo, esta acci贸n a煤n no logra concretarse, ya que desde enero de este a帽o hasta la fecha se ha suspendido en cuatro oportunidades y por diversas razones el inicio de juicio oral, el mismo que se espera comience este 11 de junio, la 煤ltima fecha marcada por los jueces 脕lex Bejarano Yaveta y Zulema Edith Medina M茅ndez, luego de la 煤ltima suspensi贸n ocurrida el 4 de junio. Tanto Salazar como Montero estuvieron presos en el penal de Palmasola entre 2016 y 2017, y ahora tienen el beneficio de defenderse en libertad.

Niega tener juicio EL DEBER lleg贸 ayer hasta las oficinas de Dircabi, que est谩n en la zona del barrio Santa Rosita, y constat贸 que Salazar es la titular de esta dependencia gubernamental, que esta semana comenz贸 con la recepci贸n de los bienes incautados en el reciente聽caso del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

En la entrevista a este medio, ella explic贸 que antes de llegar a Dircabi estuvo dos a帽os y medio en Aduana, como abogada en la unidad jur铆dica. Sin embargo, cuando se le consult贸 sobre si estaba siendo enjuiciada por alguna causa, respondi贸: "no, no". Luego se le volvi贸 a preguntar si existe alg煤n proceso por estafa en su contra, a lo que Salazar respondi贸: "Es algo injusto..." Aleg贸 que ella en realidad descubri贸 este caso, pero que por supuestas maniobras judiciales la convirtieron en acusada y que el proceso, que seg煤n ella deb铆a sustanciarse en Portachuelo, se traslad贸 a Santa Cruz.

Darling Franco, abogada apoderada de 13 v铆ctimas de la supuesta estafa agravada donde es acusada Salazar y Montero, indic贸 que esta causa se inici贸 en 2016 debido a las denuncias de estudiantes que habr铆an sido estafados por unos cursos de un centro de educaci贸n t茅cnica en ramas de la salud en provincia.

Se requiri贸 un pronunciamiento al Ministerio de Gobierno a trav茅s del director de Conaltid, Hugo Siles, y este se帽al贸 que Salazar cumpli贸 con todos los requisitos para el cargo pues no tiene sentencia ejecutoriada u otra causal que le impida acceder al cargo. Sobre si se conoc铆a su proceso y si no es un contrasentido sobre la 'limpieza' que se pide en la Polic铆a y otras instituciones, se帽al贸 que el ministerio tiene una jefatura de Recursos Humanos que realiza las evaluaciones y que Salazar tiene su propia versi贸n como descargo sobre su proceso, la cual ella hizo conocer a este medio period铆stico.

EL CASO GENERA DIFERENTES REACCIONES Y COINCIDENCIAS POR IR CONTRA EL DISCURSO PROMOVIDO POR EL GOBIERNO
El abogado y asamble铆sta departamental por Dem贸cratas, Jos茅 Luis Santiestevan, dijo que el art铆culo 232 de Constituci贸n Pol铆tica del Estado habla sobre la 茅tica, transparencia y honestidad que debe regirse en la administraci贸n p煤blica.

"Estos principios est谩n siendo violados por la Direcci贸n General de Registro, Control y Administraci贸n de Bienes Incautados (Dircabi) al designar a una mujer que tiene pendiente un juicio oral por estafa, como la encargada de Dircabi en Santa Cruz", apunt贸 el legislador opositor al partido en funci贸n de Gobierno. A decir del jurista, la estafa es un delito que lesiona la fe p煤blica.

"驴C贸mo una persona puede ser servidor p煤blico con un proceso tan grave como este?", se pregunt贸 el asambleista e insisti贸 en se帽alar que Dircabi es uno de los brazos operativos del Ministerio de Gobierno y apunt贸 que fue una mala decisi贸n la que se tom贸 al dejar que una persona procesada se encargue de administrar los bienes incautados al narcotr谩fico.

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruce帽a, diputado 脡dgar Monta帽o, se mostr贸 sorprendido al ser consultado sobre este tema que dijo desconocer; sin embargo, reconoci贸 que designar a una funcionaria con los antecedentes de Patricia Salazar, ir铆a en contra del discurso de idoneidad que tiene el Gobierno. Monta帽o pidi贸 informarse mejor del tema, aunque apunt贸 que si no hay contravenci贸n legal para que la mujer asuma el cargo, no deber铆an existir controversias.

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