Santa Cruz y Tarija buscan frenar la Ley de Incentivos
Por: El Deber Martes, Marzo 08, 2016-Hrs.
El Deber

Las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija intentan frenar la aplicaci贸n de la denominada Ley 319 de Promoci贸n para la Inversi贸n en Exploraci贸n y Explotaci贸n Hidrocarbur铆fera, por considerarla confiscatoria y atentatoria a los intereses de las regiones. Para ello, la Gobernaci贸n de Santa Cruz present贸 ayer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.


"La ley va en contra del referendo de 2004, contra la CPE y, fundamentalmente, en contra del pueblo boliviano, porque al sacarle un 12% a las gobernaciones, municipios y universidades se va contra la educaci贸n, salud y obras p煤blicas", denunci贸 el secretario Vladimir Pe帽a.
La Ley de Incentivos destina el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para premiar al incremento de explotaci贸n y el 茅xito en exploraci贸n hidrocarbur铆fera, cuando antes ese dinero iba destinado a entidades subnacionales, universidades y al Fondo Ind铆gena.

Por su lado, el asesor de la Gobernaci贸n, Jos茅 Luis Parada, indic贸 que la ineficiencia de YPFB provoca que el Gobierno eche mano de los recursos de las regiones productoras. "Esperamos que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esta ley y se repongan los recursos del IDH que se est谩n confiscando", precis贸.

Seg煤n datos del gobierno local, las confiscaciones a la regi贸n datan de 2008 y hasta la fecha ascienden a m谩s de $us 260 millones.聽
La Ley 319, aprobada en noviembre de 2015, establece un fondo promocional de $us 2.890 millones, a financiar con el 12% de los recursos provenientes del IDH.

Apoyo de Tarija
La Gobernaci贸n de Tarija se sum贸 a su similar de Santa Cruz para interponer un recurso inconstitucional, por considerar que vulnera la autonom铆a y que no est谩 en condiciones de financiar con el IDH la exploraci贸n de gas y petr贸leo.

El director de Hidrocarburos, Cristian Echart, dijo que esta regi贸n no podr谩 soportar el financiamiento que propone el Gobierno, a trav茅s de esa normativa, porque el presupuesto se redujo un 60% por la baja del precio internacional del petr贸leo. "En tiempo de vacas flacas, Tarija no puede asumir una obligaci贸n financiera que no le corresponde y que YPFB debe hacerlo", expres贸 Echart.

Para el abogado especialista en hidrocarburos e inversiones Iver Von Borries, el tema es complejo, pues se entiende que toda norma o ley se aprueba cumpliendo el proceso legislativo y tiene dos caracter铆sticas: es de alcance general, de obligatorio cumplimiento y, adem谩s, se presume su legalidad.

"Hasta que no se demuestre su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, esta norma rige. El recurso presentado tiene que ser analizado", dijo.

El Ministerio de Hidrocarburos no se pronunci贸