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En 2005, a poco de las elecciones generales, DATOS publicó una investigación que le valió un juicio penal por difamación calumnias e injurias por el entonces candidato a la Prefectura de Tarija, Mario Cossío. El camino que siguió ese proceso fue sinuoso. Primero, porque a pesar de que los hechos se habían suscitado en La Paz, la sala penal de la Corte del Distrito de Tarija se pronunció para que el proceso se sustanciara en ese departamento, y no donde se habían registrado los hechos cuando Cossío era Presidente de la Cámara de Diputados.
Seguidamente, nuestro abogado tuvo obligatoriamente que tramitar una licencia para poder ejercer defensa en razón de territorio. Pero, finalmente, y luego de una magistral intervención en base a los documentos de la investigación, 11 meses después, la justicia resolvió que sí Cossío quería seguir la querella, debía hacerlo ante un tribunal de imprenta. El caso quedó encajonado entre los tristes recuerdos, pero, asimismo, de la convicción de la justicia, en este caso la tarijeña, de que no se puede enjuiciar a los periodistas en la justicia ordinaria. Un caso similar ocurrió hace poco con el periódico La Prensa. Menos mal que el fiscal se excusó de atender la demanda penal interpuesta por el ministro de la Presidencia contra el periódico. Allí será muy difícil acallar la verdad. Pero, más allá de las advertencias que desde varios frentes se escuchan contra la labor del periodismo independiente y de investigación, el gobierno se olvida que fueron los medios que agrandaron la imagen de Evo Morales y, porque ahora no lo hacen, merecen la sanción y la venganza. Periódicamente se repite la historia. Sólo que en cada repetición se vuelve un poco más patética.
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