La Ley Anticorrupción y el decidido accionar del Gobierno que preside Evo Morales para luchar contra la corrupción, ha generado un terremoto político y un profundo nerviosismo entre los antiguos y los actuales servidores públicos que se ha trasladado incluso a esferas privadas y particulares.

Sujetos a denuncias que los puede hacer pasibles a penas de 3 a 12 años de cárcel la aprobación de la ley ha abierto un escenario impensable, una verdadera casería que destraba los por demás conocidos alegatos que se hicieron en anteriores gobiernos para ponerle un candado a la corrupción. Nadie se anima a mencionar cifras sobre el daño económico que atentó las arcas del Estado desde la recuperación de la democracia, aunque la instrucción presidencial quiere incluso abrir los expedientes de gobiernos que usurparon ilegalmente funciones de Estado. Varios políticos relacionados con el antiguo sistema político reaccionaron nerviosos al conocer los alcances de la ley.

Han señalado que es desmesurado el poder que se le ha otorgado a una sola persona para luchar contra la corrupción. Dijeron que la ministra Nardy Suxo tiene atribuciones supremas y que las modificaciones a la ley antes de su aprobación fueron revisadas en su despacho.

“El Ministerio de Transparencia está por encima de todas las instancias señaladas por ley para abrir procesos a sola denuncia. Sus facultades y competencias son exageradas”, manifestaron las fuentes que pidieron el anonimato. “Es una fragrante violación a la Constitución y a las normas vigentes en el país”, precisaron. La decisión del Gobierno provocó una perceptible malestar entre quienes alguna vez sirvieron en el aparato estatal. Muchos aplaudieron la frontal decisión del Gobierno. “Por fin se pondrá freno de verdad a la corrupción. Desde ahora todo funcionario público deberá estar atento a las cosas que hace y los que cometieron corrupción estarán asustados de que les llegue la ley”, dijeron.

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