El primero de mayo el gobierno nacionalizo las electricas y anuncio reduccion de tarifas en 20%

En los cinco años que lleva en el Gobierno, el presidente Morales ha nacionalizado los hidrocarburos y aunque efectivamente ha recibido más dividendos por la venta de gas, ocurriría exactamente lo mismo si su administración no hubiera aplicado la medida.

Salvo el gran impacto que significó este proceso, el Estado boliviano siguió recibiendo ingresos comprometidos, pero lo que no hizo a partir de la puesta en marcha de la nacionalización es invertir en la misma proporción que lo hacían las empresas nacionalizadas. Bolivia apenas cumplió sus acuerdos de venta en los volúmenes establecidos a Brasil y tras penosas gestiones pudo hacerlo, pero disminuyendo los importes de gas que enviaba a la Argentina. Tal así que varias autoridades se vieron en figurillas negociando los volúmenes de exportación en reuniones tediosas. Esta secuencia de hechos apuntó a Bolivia  ante el mundo como un país con falta de capacidad técnica para administrar por cuenta propia las empresas que pasaron a depender del funcionamiento estatal. Tras el proceso YPFB regaló a la opinión pública un par de escándalos de magnitud; ejecutivos que en lugar de gestionar mercados para el gas, petróleo y derivados salían a apagar incendios en las calles ante la escasez del gas licuado para uso doméstico explicando que el contrabando se llevaba el gas a los países vecinos. Fue preciso recurrir a las FFAA que resultaron franqueadas por la presión en las poblaciones donde se vendía el gas por contrabando. Uno de los peores casos de corrupción en la era masista ocurrió precisamente en puertas de la estatal del petróleo; un volteo que cobró la vida de un empresario; misteriosos contratos y dinero que circulaba en maletines de manera cuanto menos sospechosa. Un par de años más tarde, siguiendo la receta venezolana, se nacionalizó la Empresa Nacional de Telecomuni-caciones (ENTEL) a un alto costo pues si bien el Estado boliviano se retiró de los Acuerdos de Protección Recíproca a las Inversiones para desconocer las compensaciones económicas que pedían los afectados por la nacionalización, ex autoridades del actual Gobierno están comprometidas en la justicia por gestionar millonarias compensaciones que afectan la capacidad de pago del Estado.