El desplazamiento de una mezcla de irracionalidad permisiva está a punto de desbordar la frase conocida; aquella de que Bolivia es una "isla de tranquilidad". Los últimos sucesos, el de San Ramón, en el departamento de Santa Cruz, donde fueron ejecutadas seis personas, tres extranjeros por una vendetta del narcotráfico; y el salvaje asesinato de cuatro policías en la localidad de Uncía en el departamento de Potosí; por venganza presumiblemente ordenada por clanes mafiosos que operan con absoluta impunidad, han dejado una sensación de intranquilidad que al parecer no es compartida por quienes deben actuar con todo el señalamiento de la ley y autoridad para perservar la integridad y la soberania de nuestro territorio, evitando que más de estos hechos se repitan en el país. La violencia se ha instalado a nombre de un "control social" permisivo que atenta el principio de una relación civilizada que busca el bien común; proteger a los ciudadanos de una Nación de las hordas salvajesque no faltan nunca y que están dispuestas a cualquier cosa con tal de conseguir sus temibles intensiones motivadas en la ilegalidad.

Decir que en el país existen "zonas rojas" donde está prohibida la presencia del Estado a través de sus mecanismos de control y seguridad, es la más depurada interpretación de gente insensible que actúa con premeditación y venganza. Los hechos que señalamos se han estado repitiendo con demasiada frecuencia. En la presente edición analizamos con profundidad estos dos acontecimientos -a cual más escalofriante- en los que además de la dolorosa pérdida de vidas humanas, está derivando hacía una progresiva perdida de control territorial de quienes están llamados a proteger la sociedad; los encargados de facilitar la convivencia pacífica y la tranquilidad entre las personas que viven en un mismo espacio de territorio. ¿Dónde están los encargados de preservar la integridad del país y velar por la paz?