El país convertido en el epicentro de las actividades delincuenciales que buscan controlar el comercio de la droga. 

Las razones para comprender una realidad lacerante que hasta el propio presidente ha calificado que jamás creyó que fuera así. Se refería a las operaciones delictivas de clanes organizados del narcotrafico que se han apoderado poco a poco de extensas partes del territorio.

Se trata de una realidad que pocos quieren comprender. Las principales autoridades del Ejecutivo abogaron hace poco "razones humanitarias" para que comunitarios organizados en clanes delictivos al norte de Potosí devolvieran los cuerpos de cuatro policías asesinados como animales. Días antes, seis guardaespaldas que protegían a un jefe del narcotráfico fueron asesinados en San Ramón, con disparos en la cabeza. Las vendettas se han vuelto moneda corriente en el país. Estos hechos confirman la hipótesis de que el Gobierno está perdiendo el control de extensas zonas y lo que

resulta peor, de la propia soberanía; discurso que alimentó la trayectoria política del primer mandatario. Una pregunta que está recorriendo en círculos políticos, empresariales y acádemicos, gira en torno al estado de descomposión social que ha comenzando a hacer presas fáciles a poblaciones enteras que, como en el caso de Uncía, renuncían a la legalidad para involucrarse con el crimen organizado y cometer actos  de violencia casi primitivos que desgajan en mil pedazos la credibilidad del país.  

Las investigaciones sobre el brutal asesinato de cuatro policías pueden llegar a concluir que la "zona roja" declarada por los propios comunarios para evitar la presencia del Estado, tiene raíces profundas en la ilegalidad que opera no sólo en el norte de Potosí, donde se produjo el cuádruple hecho de sangre, sino en amplios espacios del territorio nacional.

Nadie en el Gobierno reconoce que la Policía Nacional ha sido rebazada en sus tareas de control. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), calificada como una de las mejores del contienente, está perdiendo el control de las operaciones antidroga.

En medio de estos hechos autoridades de la actual administración se han reunido con representantes de varios  gobiernos para solicitar ayuda en la lucha contra las drogas.  El presidente Evo Morales ha pedido al primer ministro ruso Vladimir Putín helicópteros y otras piezas de su arsenal militar para frenar la incursión del narcotráfico, pero hasta la fecha no se han concertado acuerdos efectivos. No se conoce nada de manera puntual, a no ser por el alcance global de las negociaciones entre ambos gobiernos para comprar armamento ruso por US $400 millones. 

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